Entre los dos partidos que gobiernan en España (PSOE y Unidas Podemos) se inició una carrera para ver quién era más demócrata despenalizando las injurias a la Corona, los ultrajes a la bandera y el enaltecimiento del terrorismo (por cierto, la hoy fiscal general, Dolores Delgado, consideraba para este último delito "absolutamente necesario" su tipificación penal). Esta carrera, la ha ganado Unidas Podemos, que ha presentado en el Congreso una proposición de ley que ya está pendiente de debate. No se trata de lo dicho por un militante, al que se le calentó la boca en un mitin en el que no conseguía los aplausos del auditorio. Pero como ambos partidos cuentan con mayoría suficiente para sacar adelante sus propuestas, todas estas actuaciones a las que antes me he referido se consideraran amparadas por "la libertad de expresión". En principio se han quedado fuera de la proposición las ofensas a miembros del Poder Judicial, pero confían en incluirla en la despenalización.

Para los proponentes, sólo lo que incita a la hostilidad debe estar prohibido por ley y, por tanto, penalizado. Los que se sientan molestos por esas opiniones, pueden denunciarlas como "injurias", pero no pueden constituir tipos penales específicos, porque sólo lo que incite a la hostilidad o a la violencia debe estar perseguido por la ley. Como se trata de una proposición de ley, no necesita de los informes del Consejo de Estado y del Consejo del Poder Judicial antes de su debate en el Congreso y se convertirá en ley tal cual, si no se acepta ninguna enmienda, lo que conociendo a los proponentes es lo más probable. El PSOE acusa a Unidas Podemos de electoralismo y dicen que la propuesta que hacen es insuficiente. "Queremos ir más lejos", dicen.

Para acompañar al PP en el descrédito de los partidos políticos, en temas económicos, la Fiscalía anticorrupción señala al Gobierno andaluz, cuando lo presidía José Antonio Griñán, por irregularidades en la concesión de avales y ayudas a la empresa malagueña Isofotón, concediéndoles un préstamo de más de 80.000 euros, cuando constaban anteriores y reiterados incumplimientos de otras ayudas que se habían concedido. Entre los que concedían el préstamo figura la actual ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, y otros dos ministros más, y la investigación se extiende a 37 antiguos altos cargos.