NO es alarmismo afirmar que hoy en España el llamado Estado de Derecho consagrado en la Constitución se está conduciendo a una profunda crisis cuando no a pura ruina. Bueno es que refresquemos con brevedad el concepto de Estado de Derecho.

El Estado de Derecho se alcanzó hace doscientos años, aproximadamente. Nació en contraposición al Estado absolutista que no limitaba las prerrogativas del Monarca ni reconocía derechos a los súbditos, que no ciudadanos. El Estado de Derecho es aquel en que autoridades y ciudadanos quedan vinculados por la Ley aprobada por el Parlamento, órgano representativo de la voluntad general. En el Estado de Derecho impera el principio de división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para que, de acuerdo con Montesquieu, ningún órgano estatal acapare todo el poder público. Los jueces del Estado de Derecho son funcionarios independientes, que controlan la legalidad de los actos de los otros poderes, pudiéndolos anular, en su caso, y tutelan los derechos de los ciudadanos, ya no súbditos.

El Estado de Derecho se plasmó por primera vez en la Constitución norteamericana de 1787; se fundamentó filosóficamente con la Revolución Francesa y se refinó con el pensamiento jurídico alemán. España, al aprobar la Constitución gaditana de 1812, inició la senda del constitucionalismo como paso previo para instaurar el modelo de Estado sometido al Derecho.

Caracteriza al Estado de Derecho, por consecuencia, el reconocimiento de derechos públicos subjetivos y el otorgamiento a los particulares de los medios para la defensa de los mismos, como afirma el profesor Entrena Cuesta. Por tanto, Estado de Derecho es aquella forma de Estado en que se reconocen y tutelan los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos y se someten las administraciones a la Ley.

Los principios del Estado de Derecho han sido ampliamente recogidos en nuestra Constitución. Su artículo 1.1 proclama que "España se constituye en Estado social y democrático de Derecho". El artículo 9.1 consagra claramente su esencia cuando afirma que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Añade que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social" (art. 9.2). Con su actual Constitución, España es un Estado de Derecho pleno.

Hoy, sin embargo, este patrimonio político, este marco ideal de convivencia, está sufriendo un rápido y gigantesco deterioro que amenaza la libertad y bienestar de los españoles.

Éstas son algunas causas: la deslealtad constitucional de nacionalismos y élites gobernantes, sin que ninguna autoridad lo impida. La falta de vigencia del Estado en algunos de sus territorios. El incumplimiento reiterado del Ordenamiento jurídico y su impunidad (así, se incumple la Ley 39/1981 de uso de la bandera de España; no se exige el cumplimiento de la legislación electoral o de seguridad ciudadana; no se procede contra quienes amenazan o insultan a los representantes públicos ni contra los que queman símbolos patrios…). Se permiten consultas independentistas. Se tolera que haya candidatos imputados. Se tiene condescendencia con la corrupción pública, o suenan frases como "Montesquieu ha muerto" dichas por un alto cargo todavía ejerciente.

También se destruye el Estado de Derecho cuando ciertos partidos dominan la composición de órganos constitucionales tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Asimismo cuando se gobierna con políticas partidarias. Cuando se desobedecen las decisiones judiciales. Cuando el Gobierno mediatiza al Ministerio Fiscal. Cuando se aprueban leyes anticonstitucionales. Cuando se presiona a las instituciones públicas. Cuando se rompen los consensos políticos. Cuando se pretende cambiar la sociedad por decreto. Cuando se demuestra incompetencia en la gestión de los asuntos públicos.

Todo ello, y algo más, socava el Estado de Derecho, desestabiliza el sistema democrático español, y la hermosa palabra libertad comienza a desaparecer de nuestras vidas.