EL Gobierno ha simplificado y reducido el tamaño de la Administración Pública y, por la vía del control del déficit, ha obligado a los gobiernos autonómicos a hacer lo mismo con el frondoso bosque de organismos que ha generado el autogobierno. Con mayor o menor intensidad y alcance, ha habido una poda general que, como se esperaba, no ha redundado en una prestación peor de los servicios administrativos a los ciudadanos.

La reconversión se ha detenido, sin embargo, justo en el umbral en el que comienza el núcleo más político de los gastos superfluos: el alto personal de confianza. Mientras que las partidas presupuestarias dedicadas a sufragar las nóminas de funcionarios y personal laboral de los ministerios han bajado un 4%, el coste de los asesores aumentó un 8%.

Entre enero y septiembre pasados el Gobierno se gastó 28 millones de euros en asesores. Léase: individuos de confianza de ministros y otros altos cargos, distinguidos por su cualificación profesional y designados a dedo para hacer informes, documentar, analizar y, en suma, asesorar a quienes los nombran en los asuntos que teóricamente dominan. Los más íntimos sirven también de paños de lágrimas, psicólogos o confesores de sus jefes.

Hay varios problemas relacionados con estas asesorías. Por un lado, reflejan una desconfianza no siempre justificada hacia los funcionarios y técnicos que conforman las plantillas de los ministerios y que deben haber logrados sus plazas en base a su capacidad, méritos y conocimientos. Por otro, su nombramiento está más vinculado a la confianza personal del alto cargo nombrante que a cualquier otra consideración. Muchas veces ocurre que más que de libre designación son de designación libérrima, incluso arbitraria: se llama a parientes y amigos que, por serlo y por agradecimiento, están muy alejados de la figura del esclavo que iba detrás del carro triunfal del César dándole una matraca muy oportuna: "Recuerda que eres mortal". De todos los que he conocido, la mayoría se situaban en la actitud opuesta. Aduladores -o agradaores, como decimos por aquí-, le bailaban el agua a su señorito en los momentos de triunfo y buscaban culpabilidades ajenas cuando aparecían, inevitables, las derrotas.

Y sobre todo, es que son muchos. Tantos como para pagarles 28 millones de euros en nueve meses. Sólo en los ministerios.