EL Gobierno de España, por boca del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido que Andalucía deberá aplicar nuevos ajustes ante el incumplimiento del objetivo de déficit marcado para las comunidades autónomas. Quiere el Ejecutivo nacional que el autonómico escrute sus cuentas y halle las causas por las que, aun haciendo un gran esfuerzo, el déficit ha superado el 1,5% marcado en casi un 50% hasta dejarlo en el 2,02% del PIB regional. Y una vez localizadas las razones por las que la desviación llegó a las siete décimas, situándose como la tercera autonomía con mayor déficit del Estado, aplique nuevos ajustes para cumplir. Andalucía tuvo un déficit en 2011 del 3,22%, por lo que el esfuerzo hecho ni es menor ni desdeñable. Pero, como ya sostuvimos al conocerse las cifras del pasado ejercicio, para exigir hay que cumplir. Y para cumplir el objetivo de déficit de 2013, fijado en el 0,7% del PIB andaluz, el esfuerzo es aún mayor del aplicado en 2012 y que no logró lo reclamado. Por ello insistimos en que, sin desdeñar lo hecho, que no es poco, Andalucía y su Gobierno deben alejarse de la autocomplacencia y asumir que respecto al déficit público de la Junta queda trabajo por hacer. Es encomiable que el Ejecutivo bipartito de izquierda que preside José Antonio Griñán haya mantenido las políticas básicas en servicios esenciales como Educación y Sanidad -y aplaudimos que no se abandone esa senda-, pero cuanto antes admita que los ajustes del gasto no han terminado sino todo lo contrario, más garantías habrá de cumplimiento. La Junta sostuvo, tras conocer la advertencia de Montoro, que el Presupuesto restrictivo de este ejercicio da margen para enjugar la desviación habida en 2012. Es posible, pero dudamos que en cuantía suficiente como para recortar en un año un punto y medio del PIB frente al 1,2% reducido en 2012. Si los niveles de gasto sanitarios y educativos tienen marcadas líneas rojas, la Junta de Andalucía deberá asumir que la tarea que queda por hacer atañe sobre todo al gasto corriente de su propia estructura. Y es ahí, en el ámbito de la Administración paralela, cuya integración ha sido truncada por los tribunales, donde hay margen para reducir, incluso asumiendo que supondrá un coste de empleo. El número de funcionarios de la Administración andaluza no es excesivo, pero sí el de empleados públicos, muchos de los cuales provienen de empresas creadas en tiempos de bonanza y que se integraron, como ha sentenciado varias veces el TSJA, en distintas agencias sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad.