EN el frente judicial el Plan B de Batasuna le ha salido igual de mal que el Plan A, aunque queda pendiente el inminente pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El 24 de marzo la Sala del 61 del Tribunal Supremo decidió rechazar la legalización de Sortu (Plan A). El 1 de mayo se encargó de hacer lo mismo con la alternativa, Bildu (Plan B).

En Sortu los magistrados vieron una nueva marca de Batasuna -que ya supera la docena- para volver a las instituciones y poner sus cargos públicos al servicio de ETA. Los mismos perros con distintos collares. En Bildu han visto otro tipo de continuidad: un instrumento de Batasuna para burlar su ilegalización. Más sofisticado, ciertamente, porque se mantiene el rechazo a la violencia, pero se presenta como una coalición de independientes con dos partidos legales y democráticos.

La presencia en Bildu de Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba constituye, en efecto, un argumento de peso para los partidarios de la legalización. Su tesis sería que Bildu materializa la apuesta de la antigua Batasuna por la vía exclusivamente política para las reivindicaciones independentistas y su separación definitiva de la banda terrorista. Suficiente para que el Estado le abra las puertas y la ayude a aislar a los violentos. Es lo que defienden todos los nacionalistas y un sector del PSOE que preferiría no verse en las mismas trincheras que el PP en la lucha antiterrorista.

La mayoría de la Sala del 61 del TS (nueve frente a seis) no ha aceptado esta visión. Con los informes de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General como fuente de inspiración, han estimado que Bildu es una farsa más. Un invento de los proetarras para colarse en ayuntamientos y juntas generales. Hay un indicio más que sospechoso: los puestos más relevantes en las candidaturas presentadas no son para militantes de los dos partidos legales, sino para los independientes. Lo lógico era lo contrario, que los auténticos independientes acompañaran en un papel secundario a partidos establecidos y que ya disponen de una representación institucional. La conclusión es que EA y Alternatiba han aceptado hacer de comparsas para colocar en las elecciones a independientes que no lo son. La Batasuna de siempre.

La decisión del Supremo tiene efectos colaterales negativos desde el punto de vista democrático. Por un lado, deja fuera de los comicios a dos partidos legales, aunque hayan asumido viajar con los proetarras. Por otro, perjudica a quienes en el mundo abertzale trabajan sinceramente por liberarse del control etarra. El Supremo ha pensado que éstos son males menores en comparación con la posibilidad de volver a ver a ETA en los ayuntamientos. Y por eso los ha puesto en cuarentena. Menos democracia, pero mejor defendida.