AFORTUNADAMENTE el Códice Calixtino ha aparecido. Se trata de un documento excepcional con siglos de antigüedad. Esta circunstancia hace que pertenezca al Patrimonio Histórico Documental y Bibliográfico.

Ha sido muy comentada la aparición del Códice, no ya la suerte de que no hubiera entrado en el mercado negro de las obras de arte, o que se haya salvado de ser pasto de roedores, sino la solemne devolución que ha hecho el señor Rajoy al arzobispo de la sede compostelana. A muchos les ha parecido algo obsceno que el presidente del Gobierno de España sea portador de la obra para su devolución a su dueño. Para empezar, quienes pueden arrogarse el mérito son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han llevado a cabo la investigación. Y para concluir, si se trataba de una acción judicial, a cuya disposición se halla el presunto culpable, el cuerpo del delito debería estar en manos de la Justicia y no del Ejecutivo. ¡Ay, Montesquieu!

Con todo, lo que más llama la atención es la errónea conducta del presidente del Gobierno. La ley de Patrimonio Histórico dice que "todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados". El incumplimiento de estas obligaciones impone a la Administración competente la adopción de medidas que pueden llegar a la expropiación. Y se añade, además, que los "obligados a la conservación de los bienes constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico deberán facilitar la inspección por parte de los organismos competentes para comprobar la situación o estado de los bienes".

Pues bien, el señor Rajoy, que no el juez competente, devuelve el Códice a sus dueños sin el menor reproche sobre el descuido en su custodia. Incluso asiste "reconfortado" al agradecimiento del arzobispo al deán "por sus desvelos para proteger el Códice". El deán es el responsable de la custodia del libro y quien, otra vez incumpliendo la Ley de patrimonio, tardó una semana en comunicar a la Policía su desaparición. Rajoy, además, "ofrece" que el Instituto de Patrimonio Histórico pueda verificar el buen estado de la obra, cuando es una potestad de la Administración que el poseedor debe acatar.

Me pregunto si se hubiese actuado igual en caso de fallos de custodia de patrimonio histórico en manos de particulares u otras instituciones. Demasiada cortesía, escaso o nulo ejercicio de las potestades públicas de protección del patrimonio histórico y ningún pudor en usurpar el papel de los jueces y de quienes actúan como agentes judiciales.

¡Qué rara dependencia tiene la derecha de España de la jerarquía de la Iglesia católica!