LA decisión de la Audiencia de Sevilla de rechazar el recurso de Magdalena Álvarez a la imputación de la juez Alaya no sólo es un golpe a la ex ministra de Fomento, sino al Partido Socialista andaluz.

Si tanto Alaya como la Audiencia Provincial consideran que existen indicios sólidos para imputar a Magdalena Álvarez por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, es probable entonces que la Justicia encause a quienes eran sus compañeros en la Junta cuando ella ocupaba la Consejería de Hacienda, empezando por el presidente Manuel Chaves. De hecho, desde el entorno de la juez se afirma que en Alaya prepara ya el informe por el que eleva el caso al Tribunal Supremo, al encontrar hasta ahora siete personas aforadas, entre ellas los ex presidentes Chaves y Griñán, además de la propia Magdalena.

Malos días para el PSOE andaluz, que ha cambiado su cúpula y la Presidencia del Gobierno regional, pero por mucha distancia que intente marcar Susana Díaz con la etapa anterior es evidente que forma parte del mismo partido que los imputados, fue persona destacada del equipo de Griñán cuando fue designado presidente de la Junta tras la marcha de Chaves al Gobierno de Zapatero, y además algunos de los altos cargos del Gobierno Díaz están siendo investigados también por Alaya por su gestión anterior.

Malos días también porque, como parte del PSOE nacional, no es plato de buen gusto que el CIS insista en lo que indican los sondeos hechos públicos en las últimas semanas, que parece que el PP se impone claramente al PSOE en las elecciones europeas, aunque con tanto índice de abstención es difícil acertar en los pronósticos. Y aún peores días para Magdalena Álvarez, que al ver ratificada su imputación por una instancia superior a la propia juez Alaya podría perder la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones, uno de los puesto relevantes en los que Zapatero fue colocando a algunos de sus ministros. Por no hablar de que Álvarez está siendo cuestionada en las últimas horas por el caso Yogui, en el que la Guardia Civil investiga presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras en un tramo del AVE a Barcelona, en los que tiempos en los que Álvarez era ministra de Fomento.

Alvarez sólo está imputada, pero es evidente que para salir limpia de polvo y paja la financiación de los ERE en Andalucía debe quedar total y absolutamente clara. Hoy existen indicios, y más que indicios, de que en esa trama metió la mano mucha gente.