EN su primer debate sobre el nuevo Estatut, el Tribunal Constitucional acepta que Cataluña se defina como una nación, sin efectos jurídicos. Así lo publicaba ayer José María Brunet en La Vanguardia. "Sin efectos jurídicos" es una cautela que añadir a "el Parlamento de Cataluña ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación", frase textual entresacada del preámbulo del Estatut. Si la votación se produce en estos términos, el Constitucional se acogería a su doctrina tradicional sobre la falta de valor normativo de los preámbulos de las leyes. Por el contrario, la ponente de la resolución, la magistrada granadina Elisa Pérez Vera, ex presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, parece partidaria de excluir el concepto de bilateralidad en las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Esto abortaría todo riesgo de una relación privilegiada para Cataluña en la negociación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, como pretende el consejero de Economía catalán, el socialista Antoni Castells.

Tanto han insistido los catalanes en que su nuevo Estatuto se redactaba bajo el imperio de dos necesidades históricas, nación y financiación, que ahora que llegamos a la hora de la verdad parece que se les quedan en poca cosa estos dos principios sacrosantos: la nación no tiene efectos jurídicos y en la financiación serán uno como los demás. No me molesta que los catalanes se definan como nación, aunque siempre he preferido el más neutral y geográfico término de región. En el mundo global es absurda la pretensión de dividir a los pueblos con conceptos tan obtusos como realidad nacional. Europa será una primera potencia del siglo XXI si actúa unida. Y sería más propio decir que Europa es una nación; por cierto, con efectos jurídicos. Los países miembros le han cedido importantes parcelas de soberanía en moneda, mercado único y política económica, agraria o medioambiental. España sería una región de Europa, en la que Cataluña sería una muy distinguida comarca.

Distinguida, aunque con un sentimiento profundo de estar emprenyat; o sea, con perdón, jodida. En ocasiones, sin razón. Las autopistas de peaje de las que ahora se queja el Gobierno catalán se construyeron con la garantía del Estado y contribuyeron hace décadas al notable desarrollo catalán por encima de la media española. Igual que la autarquía benefició a las regiones más desarrolladas, porque les garantizaba un mercado cautivo. Nadie pone en duda el admirable espíritu emprendedor de los catalanes. Pero, por ejemplo, la Dictadura decidió instalar hace medio siglo la Seat en Barcelona y no en Córdoba o en Almería. Andalucía, en esa época, carecía de los empresarios que tiene ahora. Y ponía los trabajadores, que emigraron, y el mercado. Ahora está bien que las cosas vuelvan a su cauce.