HACE tres semanas se lanzó la idea de una reducción significativa de la publicidad en TVE. Ahora ya se anuncia su supresión. La información que llega del Gobierno se centra en la financiación futura de las cadenas estatales, pero no en la naturaleza de sus contenidos y las estrategias temáticas en la televisión digital.

Una de las tempranas preocupaciones del presidente Zapatero fue la reforma del audiovisual. Aquella inquietud se esfumó. Sólo cinco años después se promueve la primera gran medida en el sector, que pudiera entenderse como una operación de rescate de las arruinadas emisoras privadas. TVE va a liberar más de 500 millones de ingresos publicitarios, que crecerán cuando se supere la crisis.

El problema, además de la indefinición en materia de contenidos, radica en el modelo de financiación, que augura un futuro muy incierto para TVE. Las televisiones privadas, en vísperas de probables fusiones, aportarán un porcentaje de sus ingresos para el sostenimiento de las cadenas del Estado, equivalente, en cifras de hoy, a unos 120 millones de euros. Las compañías de telecomunicaciones añadirían otros 300 millones a un presupuesto que supera ampliamente los 1.000 millones.

Los anunciantes se oponen y están preocupados. Si TVE se aparta del modelo comercial y gana en calidad, atraerá a audiencias de perfil socioeconómico y cultural más rico -consumidores de alta gama-, que quedarían fuera de la acción publicitaria. En el Reino Unido, es recurrente la demanda de los anunciantes para que la BBC emita publicidad, algo que no hace desde su fundación.

Las cadenas privadas, beneficiarias de la medida, no tardarán en denunciar la financiación del audiovisual público por el sector privado. Es cuestión de tiempo. Las empresas de telecomunicaciones se oponen ya a la medida. ¿Se puede, con estas debilidades de partida, sentar las bases sostenibles de una verdadera televisión pública? Es difícil.

Si desde un Gobierno más cercano a lo público se opera en estos términos, un cambio de color político podría suponer la liquidación de la televisión estatal, activada por la cruzada de las compañías privadas de televisión y telecomunicaciones que, lógicamente, querrán desprenderse de la obligación que se les va a imponer.

Quienes creen en la televisión pública están perplejos ante una deriva que, más que salvar, definir e impulsar las cadenas del Estado como servicio público de los españoles, acude en socorro de operadores acostumbrados a unas relaciones con el poder político inimaginables en la Europa de las autoridades independientes del audiovisual. Y que no se saque a colación el caso de Francia, que poco tiene que ver con el nuestro...