QUIERO empezar esta carta llamando al sentido común de los lectores. Hablar de una tasa que sube no es fácil de entender desde el mundo de las emociones. Pero también es verdad que la realidad es muy tozuda y por más que nos empeñemos en evitarla, esta ahí, inamovible. Lo cierto e ineludible es que todos los años producimos 60.000 toneladas de residuos, que aproximadamente 350 ciudadanos trabajan y cobran por realizar el trabajo de recoger la basura que depositamos en los contenedores y espacios públicos de nuestra ciudad, transportándola a un centro de tratamiento donde tratarla adecuadamente para que no nos limitemos a cambiar el problema de sitio. Para todo esto tenemos necesidad de una logística de unos medios técnicos, dos centros municipales, CRR y Cemulimp, que actúan como soporte e infraestructura de toda esta organización. Ésta es la realidad, 60.000 toneladas de residuos, 350 empleos y una infraestructura logística.

Todo esto tiene un coste económico que financiamos en parte con la tasa de basura, así llamada por el ciudadano de a pie, convenios que regulan las retribuciones de estos trabajadores, las inversiones precisas para la infraestructura logística, el tratamiento correcto de los residuos transformándolos en compost...

El Gobierno local del que soy miembro se encontró al tomar posesión con un contrato adjudicado, que a mi entender fue una decisión acertada, con un incremento del coste de tratamiento de los residuos de un 30 por ciento aproximadamente, con una ciudad que no tenia implantada la recogida selectiva en un 40 por ciento de la misma. Puedo añadir a esto que lo cómodo para mi Gobierno hubiera sido no subir la tasa pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Se podría reducir el número de empleados? ¿Se podría reducir el número de toneladas de residuos? ¿Se podría cerrar las infraestructuras? ¿Se podrían inmovilizar los medios mecánicos? Evidentemente no. La lógica presupuestaria de las Haciendas Locales hubiese obligado a afrontar estos gastos, ya que los define como "gastos obligatorios" y el hecho que los mas de 30.000 contribuyentes no aportasen los 2'50 euros al mes hubiese obligado a restar presupuesto de las políticas sociales, culturales, educativas, deportiva, o sea, de todo aquello que la "lógica presupuestaria" define como "gastos voluntarios".

Como principiante en el mundo de la política he de confesar que me causa, al menos, perplejidad, escuchar a los portavoces de otras formaciones políticas que hacen bandera de las políticas sociales, culturales, de la mujer, de la educación, discrepar en contra de este incremento de 2,50 euros al mes, como si no supieran que esta financiación, además de garantizar el sueldo de los empleados de la limpieza publica, la calidad de la limpieza publica y la existencia de unas infraestructuras sostenibles, permite al Gobierno local seguir destinando impuestos para esos "gastos voluntarios" que son los exponentes de una ciudad, además de limpia, solidaria con los débiles, educada y sana. Otro discurso incompresible es que el contrato se adjudicó a la empresa que menos había mejorado la oferta económica. Es decir, de ese precio máximo que el Ayuntamiento está dispuesto a pagar por el servicio que se recoge en el pliego de condiciones, las empresas suelen decir "yo presto el mismo servicio por 'X' dinero menos" y muchas veces -según los criterios de baremación que marque el pliego- se prima esa economía frente a otras garantías como la capacidad técnica de llevar a cabo el servicio. En este caso, por suerte o por desgracia, Ignacio García de Quirós cuando elaboró el pliego de condiciones, decidió que era más importante la garantía técnica que la economía, así que la empresa que salió elegida era la más cara pero la que más servicios prestaba.

Mi deseo es conseguir administrar lo público con un criterio de eficacia, entendido como la prestación de servicios públicos con unos índices de calidad óptimos, respondiendo de forma regular y continua a las expectativas y necesidades del ciudadano, y que esa financiación nos permita cumplir con nuestra obligación de implantar los contenedores amarillos, verdes y azules en todo el suelo residencial de nuestra ciudad, poder pagar el coste que tiene que esas 60.000 toneladas se transformen en compost para el uso agrícola, y que los residuos que no sean degradables sean enterrados con las garantías ambientales; con estos 2'50 euros por familia y mes, implantamos la recogida selectiva en playas y pinares municipales y su transporte a la planta de recuperación y reciclaje, se financian los vehículos propulsados con gas natural para la recogida de los contenedores, que contaminan menos y producen menos ruidos, financiamos la planta de reutilización de agua depurada que supone ahorrar 63.000 metros cúbicos de agua potable para el uso humano.

Sé que me he propuesto, quizás un imposible, convencer a los contribuyentes que sus aportaciones van en beneficio de todos, pero a pesar de los pesares confío en la capacidad ciudadana de valorar a los gobiernos por sus resultados. Este Gobierno va a cumplir con sus obligaciones ambientales, y la prueba está a la vuelta de la esquina. En el presupuesto de 2008 veréis reflejados cómo el dinero que aportáis para la limpieza pública en general, playas, pinares, selectiva, vehículos ecológicos, planta de reutilización de aguas residuales y para garantizar el correcto destino de nuestras basuras, serán efectivamente destinados a esos fines.

En fin, la aplicación del axioma del que los europeos hacemos gala, "quien contamina paga" adquiere su mayor grandeza cuando ese pago se convierte en hacer de El Puerto una ciudad sostenible, entre todos.