HACE algunas semanas, con motivo de la invitación recibida por parte del Centro del Profesorado de Cádiz para participar, como ponente, en su I Congreso Provincial de Formación Profesional Avanzando hacia Europa, reflexionamos en el seno de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz sobre los distintos modelos de FP que necesita nuestra sociedad para ganar en competitividad.

Cuando hablamos de educación, hablamos de una cuestión que define nuestra estrategia como país, a tan sólo unos años vista. Piensen que en 10 años los adolescentes de hoy tendrán que ocupar puestos clave en nuestra sociedad. Y no me refiero solo a puestos de dirección -políticos, institucionales o empresariales-, sino también a posiciones técnicas y estrictamente operativas. Visto así, puede asustar, porque una década pasa muy rápido. Y es que el tema de la educación, en cualquiera de sus múltiples aspectos, es trascendental.

A tenor de indicadores, como el informe PISA, no vamos por el buen camino. En las competencias clave, cálculo, comprensión lectora…, estamos en la cola. España suspende entre los países de la OCDE en la competencia de resolución de problemas. El informe PISA nos obliga a reflexionar sobre cuestiones como la baja capacidad de nuestros alumnos, no sólo en matemáticas, lenguas o ciencias, sino en la preparación en resolución de problemas.

Un país que aspira a ser competitivo no puede generar alumnos que se centran demasiado, y cito conclusiones del informe, "en la reproducción de los conocimientos que se adquieren y no en extrapolarlos para resolver situaciones prácticas". Mucha teoría y poca práctica.

El sistema educativo en España cambia cada 4 u 8 años, en función del color del gobierno de turno. Un programa formativo no se puede evaluar en un período tan corto de tiempo, improvisando modificaciones y utilizando la formación como argumento político. Tanto cambio normativo nos convierte en una sociedad poco competitiva.

Si nos fijamos en el ejemplo de países vecinos europeos, como Francia, el esqueleto de la norma legal que regula la FP no ha cambiado en 25 años. Por supuesto que ese sistema, o el de otros países, se adapta a cambios, por ejemplo a la evolución en nuevas tecnologías, pero no varía la norma troncal. En Alemania, el sistema no ha cambiado sustancialmente desde 1969.

Aquí se cambia todo: el plan de estudios, el perfil de entrada y salida del alumno, el material didáctico…, todo el sistema en su totalidad cada equis años, excepto algo fundamental: la adecuación del formador a la realidad de la demanda que la sociedad -destinataria de la formación- exige, sean empresas o cualquier otra forma de organización. En otras sociedades con mejores resultados académicos la inversión en la formación de los docentes es más alta y su opinión más tenida en cuenta a la hora de programar o de acometer modificaciones.

Los empresarios echamos en falta un gran consenso social que fije la formación como una herramienta competitiva de una comunidad o un país, desde que el niño tiene tres años hasta los que lleguen a ser doctores universitarios, pasando por todos los tramos vitales, especialmente aquellos en los que una persona está lista para acceder con éxito al mercado de trabajo, incluida la vía de la formación profesional, absolutamente imprescindible.

Los empresarios somos parte de un sistema que es poco competitivo en relación a otros países cuyos habitantes competirán con nosotros en un mercado laboral abierto y sin fronteras. La FP se extiende, además, a sistemas duales en los que los alumnos desarrollan sus conocimientos en el seno de empresas. Y tampoco podemos olvidar la formación práctica que se diseña para los propios trabajadores, que necesitan el reciclaje continuo en su desarrollo laboral. La formación ha de estar presente durante toda la vida del individuo, pero una formación que genere beneficios tangibles para él o para su desempeño en la vida. Es un derecho inalienable.

Me llama poderosamente la atención que los países con mejor rendimiento son aquellos que otorgan a sus centros mayor autonomía, así como los que cuentan con sistemas en los que se comparan de forma pública los resultados de las evaluaciones. En definitiva, combinar autonomía y transparencia. Creo que en España tendemos a lo contrario, al intervencionismo del gobierno y las autonomías, en detrimento del valor que debe aportar la sociedad civil.

El actual sistema educativo, tan inestable como los precedentes, puede crear una generación de futuros profesionales con menos capacidad resolutiva que los del entorno, profesionales que al final no pasarán de ser cuadros medios y estarán al servicio, a las órdenes, de otros profesionales, posiblemente de otros países, con otras culturas y sistemas educativos más eficientes. Ojo, esto es responsabilidad de todos los que intervenimos en el proceso educativo, no es de los profesores en exclusiva, ya que las familias, los padres, hemos de asumir nuestra cuota de educación. Esa es la primera formación o educación en alternancia o dual, ¿verdad? La que se ha de dar en la familia y la formación en edades tempranas.

Bilingüismo, capacidad de trabajo en grupo, liderazgo, comunicación, junto a los conocimientos troncales, adaptabilidad tecnológica, aceptación de roles de género y multiculturales, resolución. Estas, entre otras, deben ser las bazas a trabajar, en un marco de estabilidad de la norma, si queremos asegurar nuestro futuro con los niños, adolescentes y jóvenes de hoy en día.

En el tema de la Formación Profesional para el Empleo, las empresas somos los paganos del sistema: pagamos la cuota en un 85%, pero no participamos en el diseño del propio sistema. Mediante la cuota de formación profesional, más de 1.700 millones de euros en el año 2014, financiamos el sistema. Se nos debería permitir esa autonomía que mencionaba antes; por ejemplo la libre elección de los centros de formación y no el actual mercado, intervenido por la administración.

Serían deseables menos cambios del sistema educativo troncal, y sí de los mecanismos que deben asegurar el cumplimiento de los objetivos. Pero parece que es mucho pedir, porque ya tenemos en redacción otro anteproyecto de Ley de FP en Andalucía. Otra más, y van... Pero ya puestos, sería deseable que la Ley reflejara la realidad del tejido productivo y se tuviese en cuenta la agilidad de los centros privados para responder a necesidades de formación, y muy especialmente para la formación de ocupados.

Tenemos ante nosotros una gran oportunidad si movemos bien las piezas de este ajedrez. La tendencia de la pirámide poblacional hará que en un plazo de pocos años "sobren" unas 1.700 unidades educativas de Infantil y Primaria en toda Andalucía. ¿La tentación será recortar? ¿O por el contrario, y como sería deseable, mantener la inversión para que alumnos, docentes y sociedad civil puedan elevar progresivamente sus capacidades?