LA intervención por el Banco de España de la Caja de Castilla-La Mancha ha puesto a las cajas de ahorros de triste actualidad. Y bien que lo siento, porque se trata de unas instituciones admirables, fundadas por benefactores -otras, por ayuntamientos y diputaciones- que les legaban un patrimonio para con él facilitar el crédito a las clases populares y fomentar el ahorro. Algunas disponían de un monte de piedad, creados en Italia, en el siglo XV, a iniciativa de los franciscanos, como remedio a los préstamos usureros para que, con un interés razonable, se obtuviera dinero mediante el empeño de una joya, prenda de vestir y, hasta de un colchón.

Ayer escribía en estas páginas Pepe Aguilar un magnifico artículo sobre este tema, pero como durante doce años (1970-1982) fui consejero de una caja de ahorros, la de Cádiz -hoy integrada en Unicaja- y, de ellos, siete presidente del consejo y también consejero de la Confederación de Cajas, en representación de Andalucía, me siento autorizado u obligado a escribir de lo mismo. Comienzo por decir que conocí con bastante profundidad estas instituciones y la admirable labor que realizan. Para aquellos consejeros de mi época no había retribución alguna, salvo las 25 o 50 pesetas de dietas por asistencia a las sesiones de la comisión ejecutiva o del consejo, que dejábamos como fondo para almorzar una vez al año. Hoy en todas las cajas parece ser que los consejeros reciben pingües retribuciones. En el caso concreto de la caja intervenida, presidida por un político de la región, se declaraba un beneficio de treinta millones de euros en el último ejercicio, cuando realmente existían pérdidas de cientos de millones de euros. Según la auditoria realizada -que ha sido la que ha echado atrás a Unicaja, en su deseo de fusionarla-, su agujero patrimonial puede ser de tres mil millones de euros, porque en los peores momentos duplicó los créditos a los sectores inmobiliarios y de construcción, además de inversiones bursátiles perdedoras. Mientras tanto, las retribuciones se doblaban en poco tiempo, hasta llegar el presidente a los ciento veinte mil euros anuales.

En este caso no se puede echar la culpa a los activos tóxicos o a las hipotecas basuras, ni siquiera al partido de la oposición, al que se le acusa de organizar una campaña de descrédito. La gestión irresponsable de estos políticos metidos en banqueros pone en peligro no sólo la obra social de la caja, sino su propia subsistencia y la de los empleos que mantiene. Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a los culpables. Quedan muchas cajas solventes y bien gestionadas, pero una reacción adecuada sería un buen aviso para todos los navegantes.