En estas mismas páginas, el periodista Melchor Mateo informa de la propuesta de los profesores de Derecho Constitucional de las Universidades de Madrid y Murcia, los señores Moreno y Teruel, de que Cádiz se convierta en la sede fija del Tribunal Constitucional. Esta idea se enmarca en la descentralización de organismos desde la capital Madrid a otros puntos de España, que ha anunciado el presidente del gobierno de la Nación y que, por supuesto, ha sido acogida con entusiasmo por el Ayuntamiento de esta ciudad. La propuesta se funda en que la centralidad no tiene razón de ser, cuando las comunicaciones no exigen la presencia física de las personas en el mismo lugar y además, argumentan los profesores proponentes, que hay precedentes en otros países como Portugal y Alemania. Hoy el TC alberga 400 funcionarios, para los que no son suficientes su actual y característica instalación, viéndose obligados a alquilar oficinas cercanas. La idea ha sido acogida con entusiasmo por el alcalde de Cádiz y el concejal Paco Cano, que han recordado que con la Constitución de 1812 y las Cortes aquí celebradas en el histórico templo de San Felipe Neri, se oyeron por primera vez conceptos hoy tan repetidos, como los de soberanía, libertad e igualdad.

Somos conscientes de la dificultad del empeño y sirva de ejemplo que el Colegio de Graduados Sociales pidió, por iniciativa de su presidente José Blas Fernandez, que en el Palacio de Recaño se instara un centro vinculado al Tribunal Supremo, con un marcado carácter iberoamericano, ya que en dicho palacio se instaló un Alto tribunal de Justicia, para ejercer las competencias establecidas por el artículo 261 de la Constitución de 1812 y no se consiguió La idea de traer a Cádiz el Tribunal Constitucional no puede quedar reducida a una ocurrencia gaditana. Supuesto, aunque pueda ser mucho suponer que la idea de descentralizar el organismo sea real y no una de tanta promesas incumplidas, estaría muy bien que Cádiz a través de su Ayuntamiento presente su candidatura para ser sede del TC y que gracias al celo del alcalde y su Ayuntamiento y de todos los gaditanos, presentara una oferta adecuada y solvente. El empeño bien merece la pena por difícil que parezca su consecución. De esta dificultad se hace eco el presidente del TSJA, Lorenzo del Rio, que ve complicado el traslado del Constitucional a Cádiz y precisa, además, que con la Constitución de 1812 lo que se acogió en Cádiz "fue el Supremo y no el Constitucional". Pero pedir y soñar merecen la pena.