HOY en día, encontrar un ayuntamiento eficaz y eficiente resulta a todas luces imposible, y más difícil aún hallar uno solo al que le cuadren las cuentas. ¿Son por ello todos las alcaldes y concejales unos ineptos? Rotundamente no. El fracaso está en el modelo, que, como tal, en España no existe.

En conjunto, podríamos asegurar que en nuestro país falla el sistema administrativo, inadaptado a realidad social, y hasta que no se aborde una reestructuración de todo el sector público, de una vez por todas, no se saldrá de la crisis. No hay bolsillo ciudadano que aguante que sobre un mismo territorio actúen más de diez administraciones diferentes: Estado con sus ahijados (organismos autónomos, agencias, empresas públicas); administración autonómica con sus tentáculos, sus delegaciones, agencias, empresas mixtas, participadas y otras inventivas; entidades locales con sus adheridos (diputaciones, entidades locales autónomas, consorcios, sociedades y vestiduras varias). Una gran maraña que deja aturdido al ciudadano, víctima de una burocracia que, lejos de estar a su servicio, se convierte en su verduga.

La nueva Ley del Gobierno Local, en proyecto, ha de tener dos claras metas; por una parte, configurar el reparto competencial de los servicios públicos, y por otra, garantizar su lógica financiación, sin incluir subvenciones para proyectos inútiles.

Nadie se explica que un ayuntamiento deba costear por ley la limpieza y la vigilancia de los colegios, cuando la competencia educativa palmariamente le es ajena, pero tampoco resulta racional que cada ayuntamiento esté habilitado para despilfarrar, ofreciendo conciertos millonarios, macrobotellones, cursos de danza del vientre y ocurrencias mil.

Paradójicamente, cuando el diagnóstico evidencia que todos los ayuntamientos están condenados a la quiebra, todos claman por endeudarse aún más, cuando lo cabal sería que previamente se ajustasen las cuentas, y que cada administración costease sus propias competencias. La crisis obliga a un cambio de mentalidad de lo público, donde impere la eficiencia.

En los servicios locales, los más inmediatos y costosos, el 90% de la actuación radica en la gestión, porque, ¿qué política hay en la recogida de basuras?, ¿y en los socavones? Pero no, el alcalde de turno quiere influir incluso en las alcantarillas, modificando hasta la ley de la gravedad, y esta apreciación está basada en hechos reales.

Los políticos locales como mejor disfrutan es manipulando a los funcionarios con estilo feudal, aferrándose a la autonomía local para vulnerar sistemáticamente las leyes y a las ordenanzas municipales que ellos mismos han aprobado.

Ha llegado la hora de la gestión responsable, que los gestores, técnicos y funcionarios, verdaderos profesionales locales, recuperen su papel para ejecutar lo que los políticos planifiquen.

Y para controlar todo este desaguisado, no hay un cuerpo con mejor cualificación que el de los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local, creado hace cientos de años precisamente para controlar el caciquismo local. Funcionarios con funciones per se independientes que han de actuar con autonomía funcional, pero que actualmente están sometidos injustificadamente al poder del político de turno. Sirvan como ejemplos de escarnio el del tesorero al que no dejaban entrar en su propio despacho, el de la interventora cesada por intentar ahorrar millones al ayuntamiento, el del secretario-interventor incomunicado en su oficina sin línea telefónica o el del secretario cuyos bienes personales corren peligro por la mala gestión del alcalde. Si a los políticos en general, y a los alcaldes y concejales en particular, no les gustan los controles es porque tan sólo quieren aprobar el examen final, el de las elecciones, copiando o engañando, da igual: la ley soy yo y a mí no me controla ni Dios.

Indudablemente también hay políticos honestos, aunque todos, en general, son como niños, a los que todo se les antoja, sin control.

Ahora que se están configurando las listas para las próximas elecciones locales, los políticos responsables han de buscar un modelo de ayuntamiento, empezando por la elección de "buenas personas candidatas" y no a las mejores "pegacarteles".

Piensen en prestar servicios públicos ajustados a las posibilidades económicas de los vecinos, a sus necesidades, y controlen los presupuestos públicos como si fuesen los de su propia casa. Ése es el modelo.