La autoridad debe ser competente. No militar, por supuesto, como se anunció en el Congreso aquel fatídico 23F, pero sí competente. No solo porque tenga competencias, que eso se supone, sino porque debe saber ejercerlas con tino y con ese espíritu de servicio que debe presidir cualquier cargo público, y casi cualquier cargo. Si además la autoridad es portuaria, debe evitar por todos los medios hacer aguas en su gestión. Puede equivocarse, claro, que de eso nadie está exento, pero no puede meter la pata anunciando una multa al Ayuntamiento por abrir un centro municipal, aunque lo sea a través de una concesión administrativa, para acoger a un grupo de migrantes sin techo ni amparo. La autoridad, en este caso portuaria, se equivocó de raíz aunque felizmente haya dado marcha atrás. Las emergencias, y ésta lo era, no entienden de normas unilaterales, y las normas, en todo caso, hay que saber interpretarlas.