LAS iniciativas populistas planteadas por Rajoy en la última semana, relativas a la inmigración y la violencia juvenil, guardan un profundo parecido con las planteadas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Jorge Bezares, en la crónica publicada ayer en la sección de España de nuestro periódico, recordaba cómo Sarkozy, con un discurso muy similar, arrebató importantes bolsas de voto en las presidenciales galas pero no, como cabría suponer, a su oponente directa, la socialista Ségolène Royal, sino al Frente Nacional del ultraderechista Jean Marie Le Pen. Esta constatación no debe interpretarse necesariamente como que el PP ha incorporado a su inventario de campaña los anhelos que seducen a un hipotético votante de la derecha radical. En España no existe por fortuna una reproducción de Le Pen ni, por tanto, un electorado visible que respalde a un eventual Frente Nacional.

Se trata más bien de una coincidencia de estilo. Rajoy y sus asesores han decidido, como Sarkozy, introducir en el ya amplio repertorio electoral ciertos asuntos irresueltos y sensibles, comunes a éste y otros países occidentales, que suscitan una toma de partido pasional, ya sea a favor o en contra. Yo albergo serias dudas de la pertinencia de usarlos como material de campaña. Especular con la inmigración y la edad penal de los menores en el ardor de una campaña como la presente sería tan imprudente como introducir en la compraventa electoral asuntos tan delicados como el aborto, la eutanasia o incluso la pena de muerte, por citar tres asuntos irresueltos no porque no estén contemplados en las leyes sino porque suscitan una controversia indefinida que, como bien conocen los partidos ultras europeos, se puede avivar a voluntad.

Dejar al albur de unas elecciones tan abiertas y broncas como éstas la fortuna de decenas de miles de inmigrantes y el destino de un sector de los menores delincuentes es excesivo, arriesgado e insensato. Lo que no significa que no sea necesario y urgente abordar ambos problemas, pero siempre que se elija el foro adecuado -las Cámaras de representantes- y el momento idóneo, necesariamente fuera de la subasta electoral y con el propósito del consenso. Además, es injusto. Al menos, las asociaciones humanitarias y de inmigrantes han podido expresar su opinión sobre el "contrato de integración" pero en el caso de la propuesta para aplicar la Ley del Menor a los niños de 12 y 13 años el silencio ha sido absoluto. El pequeño núcleo de chavales afectados por la promesa de Rajoy no habla. ¿Por qué? Porque son menores y por esa razón están excluidos del debate. Tampoco están identificados, aunque son un puñado. Demasiada insignificancia para ser carne del aquelarre electoral.