El Alambique

Enrique Bartolomé

Aparcamientos (II)

Como me comprometí, trataré de exponer las consideracione que llevan a pensar que sobre la adjudicación de la construcción de los aparcamientos de Pozos Dulces y Plaza de Toros es aconsejable ser prudente y, una vez puesta toda la documentación en manos de la justicia –que no de la fiscalía, y de la manera que se hizo- esperar la ‘fumata blanca’.

Lo que pregonó la portavoz del PP, Ybarra, sobre el archivo del asunto por la fiscalía no significa que las presuntas irregularidades investigadas en la comisión municipal que se creó al respecto no tengan relevancia administrativa o penal. El fiscal, sin entrar en el fondo del asunto, dice que es necesario detallar los delitos que pudieran haber cometido los responsables de Impulsa o quien corresponda y no enviar recortes de prensa y un montón de papeles para salir del paso ante los ciudadanos. Los políticos locales debieran consultar a los magníficos asesores jurídicos con que cuenta el Ayuntamiento y no hacer el ridículo cada vez que se tratan esos asuntos despachándose con unas notas de prensa y poco más.

Dicho lo cual, vayamos a los datos. Las grabaciones entre un ingeniero de la sociedad y el gerente son suficiente prueba para que el asunto no se ventile en una comisión de información (que no de investigación), donde ni siquiera es obligatorio acudir a declarar. Son tan graves las manifestaciones recogidas en las cintas, tan soez el tratamiento que se dio en la charla entre ambos y tan engorrosa la posterior adjudicación a decir de los recursos presentados, que no cabe otra que poner en conocimiento de los juzgados (no de la fiscalía), la publicación del pliego de condiciones de las obras en el Diario de la Comunidad Europea, las actas de la calificación y valoración técnica y económica de las propuestas presentadas y por supuesto las cintas y el posterior despido e indemnización del ingeniero. Un estudiante de primer curso de Derecho encontraría materia suficiente para redactar una denuncia y si me apuran una querella, ante el juzgado de guardia. Sobre todo cuando está en juego una inversión millonaria donde los principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad de trato de los licitadores deben prevalecer. Contemos con el parecer de los letrados municipales y actuemos en consecuencia. Estamos a tiempo.

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