Las ocupaciones de vivienda como las sucedidas hace unos meses en San Severiano o, más recientemente, en la avenida Portugal, no son sino un síntoma del profundo malestar que aqueja a la sociedad gaditana. Tan soterrado como la vía del tren y que ni siquiera el Carnaval es capaz de ocultar. Es la punta del iceberg de la reacción de una sociedad desgarrada por el paro y una pobreza oculta pero real e hiriente que mantiene a miles de familias en la miseria y en la exclusión social. Una ciudad en la que la emergencia social impide el acceso a las personas a habitar en una vivienda digna.

Se trata de una realidad estructural de esta ciudad que se eterniza desde hace décadas. Por ello no puede ser más desesperante que 2014, y si se me apura toda la legislatura que expira, haya sido otra vez un año perdido para el derecho a la vivienda en Cádiz

En buena medida porque la vivienda ha sido concebida históricamente sólo como un elemento más del mercado y no como un derecho ciudadano. Y también en buena medida por la desidia, la falta de voluntad o el sesgado posicionamiento ideológico de los gobernantes frente a la propiedad en una u otra administración incapaces siquiera de dar la vuelta a esa concepción: primero deber ser el derecho de las personas, luego será parte del mercado.

Hemos visto pasar toda la legislatura sin que se haya aprobado el Plan Andaluz de la Vivienda por parte de la Junta de Andalucía. Hemos visto como algunas de las pocas aunque modestas medidas positivas tomadas por la Consejería de Fomento han sido paralizadas por el recurso del Tribunal Constitucional. Ello ha dado argumentos adicionales a Ayuntamientos como el de Cádiz para no estudiar posibles medidas en relación al parque de viviendas vacías que se estima cercano a las 6.700.

Tampoco se ha dado el menor paso para desarrollar un Plan Municipal de Vivienda, al que el Ayuntamiento está obligado por ley. El reiterado compromiso municipal de efectuar un mapa de la infravivienda actualizado también ha sido ignorado.

Por su parte, tanto el Plan Estatal de vivienda y el Convenio Marco Junta-Estado apenas han tenido incidencia práctica. Desde luego no en Cádiz. Primero por su escasa dotación presupuestaria (a cargo de las dos administraciones) que destinarían 176 m/euro en toda Andalucía para todos los Ayuntamientos para los cuatro años del plan. Segundo porque ni siquiera las muy modestas actuaciones que se preveían se han puesto en marcha, tal como las órdenes para regular las ayudas a la rehabilitación o las ayudas al alquiler.

Tanto la Junta como el Ayuntamiento han paralizado totalmente las actuaciones en relación a la infravivienda en Cádiz, una de las lacras que padece esta ciudad y que más urgente es resolver.

Aparte de la promoción de callejón Osorio, ni se iniciado ni se ha presupuestado obra alguna para nuevas viviendas de alquiler en Cádiz. La segunda fase de Matadero sigue en la esfera de las estériles discusiones políticas sin más concreción, pese a la petición unánime del Pleno Municipal. A ello se suma que ni existen planes de actuación, ni se los espera, acerca de las numerosas fincas e inmuebles que son propiedad de ambas administraciones y muchos de ellos que se pudren de asco llenos de matojos, ratas e inmundicias.

No parece que esta falta de actuaciones, cuando se suma a la nula intervención en relación a las viviendas vacías o a la paralización de los programas de rehabilitación, den respuesta los casi 4.000 demandantes de vivienda en alquiler en nuestra ciudad.

Dos elementos más completan este panorama desolador. Por un lado la falta de recursos para la atención a las personas sin techo en nuestra ciudad, que se estima entre 125 y 140 personas. Por otro lado la falta de voluntad alguna por parte del Ayuntamiento para que las ayudas a los servicios de agua y luz, sustentadas en buena parte por las organizaciones sociales, dejen de ser un acto discrecional y se conviertan en un derecho, regulado y articulado.

Finalmente no se puede acabar este apretado balance sin aludir a un problema que ha condicionado buena parte de la acción social en relación al derecho a la vivienda. No es otro que la negativa del Ayuntamiento a la participación de los colectivos sociales. Primero haciendo inútil la mesa de vivienda del consejo de Inclusión, oponiéndose luego a la creación de una mesa tripartita (Junta, Ayuntamiento, organizaciones sociales), negándose después a recibir a estas organizaciones e impidiendo finalmente la celebración de una Audiencia Pública sobre suministros básicos prevista en el Reglamento de Participación. Honestamente no es excesivo que digamos que el Ayuntamiento ha secuestrado la participación democrática en nuestra ciudad, al menos a lo que a vivienda se refiere.

Las líneas de balance son sombrías para el derecho a una vivienda digna. Lamentablemente también parecen sombrías para este año que recién hemos empezado. Porque a la falta de voluntad para priorizar el derecho a la vivienda y a la concepción de los partidos de considerarla como un elemento más del mercado negándose a su regulación, se unen los procesos electorales previstos este año que auguran que lamentablemente para la dignidad y los derechos humanos el año 2015 volverá a ser un año perdido.

Escucharemos altisonantes declaración de intenciones, muchas abstracciones y pocas propuestas concretas.

Pero no nos queremos resignar. Desde la APDHA pediremos a los partidos que se presenten a las elecciones que sus propuestas aparezcan concretas en sus programas, blanco sobre negro. Queremos saber qué proponen de forma concreta en cuestiones como garantía de acceso a los suministros básicos, legislación en torno a la vivienda vacía, presupuestos garantizados para vivienda (al nivel que lo están en salud o educación), compromiso de eliminar la infravivienda en Cádiz con plazos concretos, la actuación en relación a los desahucios tanto sociales como hipotecarios, programas concretos de vivienda en alquiler, actuaciones sobre fincas e inmuebles vacíos propiedad de las administraciones…

Blanco sobre negro. Porque si hay algo que se juega en estos próximos procesos electorales es ganar Cádiz para los derechos humanos.