la tribuna

José Luis García Ruiz

Amargo café

LA Historia es el laboratorio en que se ponen a prueba las ideologías y las instituciones y, por ello, después de un cierto periodo de tiempo es posible volver la vista atrás y analizar su éxito o su fracaso. Por eso ahora, tras decenios de experimentación, son muchos los que piensan que la crisis tan evidente en que estamos inmersos no es solamente una abstracta crisis económica y financiera sino algo de mucho mayor alcance, una crisis institucional de primer grado porque se extiende al Estado en su conjunto y, con especial énfasis, a la forma que le hemos dado, esto es al Estado de las Autonomías configurado con los perfiles que hoy conocemos.

Cuando esto se plantea, al igual que los nacionalistas se arropan en la bandera de su región para proclamar que un ataque a sus planteamientos es un ataque a su patria chica, buena parte de la clase política se envuelve en la Constitución para pretender que se ataca a la misma cuando alguien pone en cuestión este Estado autonómico. Pero, al igual que disentir de los nacionalistas catalanes no es, por mucho que lo repitan, atacar a Cataluña, tampoco cuestionar el actual Estado de las Autonomías supone, en modo alguno, ir contra lo dispuesto en la Constitución.

Porque conviene repetir algunas verdades evidentes. Con la Constitución de 1978 en la mano, todas las formas de Estado eran posibles, desde un Estado unitario a otro muy descentralizado, pasando por cualquier forma intermedia imaginable. Dentro de la posibilidad de un proceso descentralizador, la perspectiva de configurar lo que luego hemos denominado Estado Autonómico planteaba tal posibilidad con carácter general -lo que se ha descrito como "café para todos"- pero también voluntario y gradual. Bien pronto, sin embargo, el desorden generado por la clase política periférica al pretender constituir autonomías sin orden ni concierto, obligó a la firma entre la UCD y el PSOE del Pacto Autonómico de 1981 que mutó la Constitución, suprimiendo de facto la voluntariedad y confeccionando el mapa autonómico que hoy conocemos. Posteriormente, otro Pacto Autonómico, en 1992, entre el PSOE y el PP, mutaría nuevamente la Constitución poniendo fin a la gradualidad y homogeneizando las competencias. Pero, como sabemos, esto tampoco supuso la determinación final de la forma del Estado, sino al contrario y, señor Rodríguez Zapatero mediante, se abriría una nueva fase centrífuga con los nuevos y recientes Estatutos. El panorama es conocido: 17 mini estados, cientos de variopintas instituciones más que cuestionables, millares de políticos profesionales de segundo nivel, decenas de miles de normas que configuran un corpus jurídico caótico, cientos de miles de más servidores públicos… En resumen: un tinglado que no podemos mantener.

Llegados a este punto conviene traer a colación que el Pacto Autonómico de 1981 tuvo su base en el Informe de una Comisión de Expertos especialmente constituida al efecto que, si bien recomendó la extensión del proceso autonómico a todo el territorio del Estado, así como que todas las CCAA contasen al inicio con consejos de Gobierno y parlamentos, también, y como acaba de recordar uno de los miembros de aquella Comisión, el informe tuvo buen cuidado de racionalizar el proceso: entre otras cosas, se ponía especial énfasis en que los gobiernos autonómicos no deberían tener más de diez miembros pues fundamentalmente se trataba de administrar; los Parlamentos debían ser de composición reducida y con cortos periodos de sesiones anuales pues sólo debería legislarse lo fundamental e imprescindible; los parlamentarios no tendrían sueldo sino solamente dietas de asistencia; y las administraciones autonómicas a constituir serían pequeñas en los servicios centrales e inexistentes en los periféricos pues éstos se articularían a través de las diputaciones provinciales, tal como recogieron los propios Estatutos iniciales.

Lo que ocurrió a continuación y durante estos decenios es de todos conocido. La clase política utilizó del Pacto Autonómico lo que le interesó y se ha pasado por el arco del triunfo todas y cada una de las recomendaciones de racionalización. No puede decirse que nos haya conducido al terreno de lo inconstitucional pues el famoso principio dispositivo de la Constitución lo permite, pero no es la Constitución quien lo impone. Y por eso es también constitucional preconizar un golpe de timón que perfile un Estado Autonómico más racional y viable, tal como indudablemente estuvo en la voluntad del poder constituyente, que estableció la posibilidad del famoso café para todos, pero al que tantos recalentamientos han hecho llegar a un punto que resulta imbebible. El exceso no ha provenido de la Constitución, sino, a salvo las excepciones que quepan, de la gula política insaciable de unos pocos miles de políticos profesionales.

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