EL retorno de la juez Mercedes Alaya a la instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos de la Junta de Andalucía no ha podido ser más espectacular: mientras tomaba posesión el nuevo Gobierno andaluz, tras el relevo de José Antonio Griñán por Susana Díaz, la juez hacía público un auto que abre paso a la imputación del propio Griñán, del ex presidente Manuel Chaves y de cinco ex consejeros autonómicos vinculados con la concesión de fondos públicos manejados por la trama corrupta durante diez años. Lo peculiar del auto es que no imputa a estos altos cargos de la Junta en el periodo investigado, lo cual es imposible por el aforamiento del que disfrutan y que obligaría a remitir las diligencias a tribunales de ámbito superior, sino que les atribuye indicios de delitos de malversación, prevaricación y otros y, sobre la base de ellos, les invita a personarse "si lo desean" para defenderse de acusaciones que no se concretan. Lo hace amparada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque ayer mismo la Fiscalía Anticorrupción anunciaba que está estudiando si el auto se ajusta a la jurisprudencia nacida del Tribunal Supremo, al tiempo que reconoce que su escrito deja a estas personalidades políticas en "una condición harto peculiar". A expensas de conocer si la Fiscalía recurre la resolución de Alaya y si su recurso prospera o decae, no dejan de llamar la atención las "consecuencias procesales extrañas" que el auto trae aparejadas. A los ex presidentes Griñán y Chaves y los ex consejeros Viera, Recio, Aguayo, Ávila y Vallejo -todos ellos relacionados en algún momento con las subvenciones de la Junta a los ERE y otras ayudas públicas- no se les imputan delitos precisos, sino que se les avisa de que existen indicios contra ellos y se les invita a personarse en la macrocausa para defenderse. Puesta en la tesitura, tantas veces comentada, de remitir las diligencias a los tribunales superiores si cree disponer de indicios de delito en la actuación de los máximos dirigentes de la Junta de Andalucía, exponiéndose de este modo a perder el control sobre la instrucción a causa del aforamiento de los mismos, Mercedes Alaya ha optado por quedarse con las riendas del sumario, señalando a dichos altos cargos pero sin imputarlos formalmente. Por lo demás, el momento elegido para dictar un auto tan relevante, en plena toma de posesión de un gobierno que se pretende ajeno a todo lo que se refiera al caso ERE, consolida la trayectoria de una instructora que ha ido acompasando sus mayores golpes de efecto a los ritmos de la coyuntura política, en un genuino manejo de las repercusiones mediáticas de sus autos que podría comprometer el mutuo respeto que se deben los poderes del Estado.