El Gobierno Sánchez-Iglesias hará caso omiso de la advertencia de la Comisión Europea contra la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Incluso insinúa, en un alarde de optimismo, que la UE acabará entendiendo la bondad de este cambio legislativo en cuanto Madrid se lo explique. Ha hecho el mismo caso -omiso- a las protestas de tres de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados, es decir, a la inmensa mayoría de las personas sobre cuya actividad y gobierno se legisla. Idéntico caso a los órganos encargados de dictaminar sobre el contenido de la reforma, ya que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han intervenido en esta ocasión por persona interpuesta (Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente) para que el cambio no precise tales dictámenes del propio CGPJ ni del Consejo de Estado.

La tropelía es monumental. Reduce, si no acaba con él, el pluralismo en el órgano de gobierno de la Justicia, que dependerá en cada momento de la mayoría parlamentaria salida de las urnas. Va exactamente en la dirección contraria a las exigencias y recomendaciones de la Unión Europea, celosa del Estado de Derecho y con su punto de mira en países que han hecho reformas semejantes, como Polonia y Hungría. Vulnera el espíritu de la Constitución, que es el de reforzar la separación de poderes y la independencia de los jueces, como ha demostrado el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón (un hombre de trayectoria e ideología progresistas, no un carca irredento que pretenda derribar al Gobierno de progreso).

Lo más peligroso de esta reforma exprés que disuelve el antídoto de los tres quintos contra los rodillos parlamentarios de cualquier signo y conduce a los jueces hacia la dependencia de los gobiernos sucesivos es que supone una inversión de la práctica de la coalición de izquierdas. Hasta ahora Pablo Iglesias se había plegado en todas las políticas relevantes a Pedro Sánchez y éste había salido airoso, mal que bien, de las trampas constantes del socio (sobre monarquía, soberanía catalana, impuestos). Pero ahora lo que hace Sánchez es ayudar a Pablo a salir de sus quebraderos de cabeza judiciales y asumir la concepción de la Justicia de Podemos. Que es conocida e indisimulada: jueces conectados con los sectores populares, sensibles a las demandas de la gente, nada conservadores. Como de otro continente. Nunca el PSOE contemporáneo había amparado estas cosas. Hasta ahora.