La Junta ha dejado pasar el verano sin ponerle fecha final al impuesto de Sucesiones. Si el tributo tuvo alguna vez una justificación social, a estas alturas la ha perdido. El Gobierno andaluz, que aún lo mantiene en contra de una tendencia generalizada en todo el país, ha perdido definitivamente la batalla de la opinión pública y su persistencia, más allá de su escasa capacidad para aportar una cantidad significativa a las arcas públicas, se ha convertido en una rémora política que lastra la imagen y la proyección del Gobierno de Susana Díaz. Más pronto que tarde Andalucía tendrá que ir por el mismo camino por el que ya han ido otras comunidades -Madrid es el ejemplo que más nos afecta- y dejar de contar con un impuesto que supone un agravio para los andaluces con respecto a los ciudadanos de otras regiones de España. Algunas declaraciones de la presidenta de la Junta apuntan en esa dirección y en la Consejería de Hacienda no se tienen dudas de que hay que buscar en el nuevo modelo de financiación que se está negociando un ingreso alternativo al que hasta ahora daba este tributo.

Si el tema todavía no está resuelto de forma definitiva es por razones puramente políticas. El Partido Popular ha maniobrado con habilidad y ha convertido la supresión del impuesto en su principal argumento de oposición, casi en el único. Juan Manuel Moreno está dispuesto a apuntarse ese tanto al precio que sea, un triunfo que Susana Díaz se niega, como es lógico, a darle porque su intención es que esa desaparición se pueda vender como fruto de la colaboración entre el Gobierno de la Junta y Ciudadanos, su socio en el Parlamento y el encargado de dar estabilidad a la legislatura.

Sean sólo estas o haya además otras razones, lo cierto es que el impuesto de Sucesiones le está dando al Ejecutivo andaluz más disgustos que otra cosa. Ni se puede defender su permanencia mientras en otros sitios ya no se grava el legado de padres a hijos, ni se le puede echar la culpa a Rajoy porque la competencia sobre su gestión están plenamente transferida, ni se puede esgrimir que es un tributo dirigido sólo a las rentas más altas y del que se libran las clases medias. Tal y como está diseñado, son precisamente las clases medidas las que más sufren la presión fiscal por este concepto. Las grandes fortunas hacen tiempo que han migrado su domicilio fiscal a otras comunidades donde pagan menos impuestos.

Así las cosas, cuanto antes se le meta mano al asunto y se termine con el descontento social que provoca, un problema menos que tendrá Susana Díaz en un periodo en el que, precisamente, no le van a faltar.