H ACE unos días nueve millones y medio de pensionistas españoles hemos recibido una carta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, cuyo envío y sobre anunciador, vale más de un euro, en la que nos anuncia con un tuteo de colegas, la espectacular subida a la que hemos sido merecedores y nos manifiesta su comprensión y agradecimiento por lo que nuestra contribución ha sido un grano de arena para sostener el país, y lo que es más significativo que, gracias a ello, nos merecemos que nos aumenten la paga.

También en ella se nos facilita detalladamente el desglose de la pensión mensual, una vez hecho los cálculos de la revalorización que supone con la aplicación de un 0,25% de incremento. La cuantía de la subida es debida a los números rojos que sigue arrastrando el sistema público de cobertura de la jubilación y que queda muy por debajo del coste de la vida. Al resultado hay que aplicar las injustas retenciones del IRPF, al tener que tributar rendimientos que ya fueron gravados en el curso de la vida laboral.

La subida que ha experimentado la nómina de la mayor parte de los pensionistas españoles en el año 2018, tras la preceptiva aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones ha sido de 2,30 euros al mes para un perceptor de la pensión media del sistema español de protección social (925 euros); 1,62 euros mensuales para los perceptores de la pensión más habitual, incluidos los autónomos, dentro del sistema público (650 euros). Según cálculos sindicales, solo en 2018 las arcas públicas se ahorrarán 1.200 millones de euros por la aplicación de este modelo, a costa de socavar el poder de compra de los pensionistas, y en la próxima década podría llegar al 17%. Ello engrandecerá, sin ninguna duda, nuestro estado del bienestar. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza!

Todo ello está provocando reacciones por parte del colectivo más numeroso de ciudadanos. Hay quienes dedican su tiempo a intentar convencer que se devuelvan las cartas al remitente y comienzan a surgir asociaciones con manifestaciones en defensa de nuestros intereses, e incluso, los sindicatos mayoritarios, y algunos partidos políticos se están uniendo a la demanda.

Hay que recordar que la socióloga Carolina Bescansa (47años) defendía con verdadero ardor que "si no votaran los mayores de 45 años, el líder de Podemos sería el inquilino de la Moncloa"; y ahora el Dr. Errejón a sus 34 años, recibe a los jubilados que han sacado a la calle a manifestarse. Ya han olvidado cuando decían que las personas mayores no teníamos derecho a decidir el futuro de los más jóvenes. ¡Qué vergüenza de vergüenza¡

Si los pensionistas no tuviéramos derecho a voto, el Pacto de Toledo y las Comisiones en el Congreso de Diputados no existirían. Cualquier cosa que se haga, ahora, está muy bien, pero al final no se conseguirán grandes logros ya que, las personas que tienen que decidir, viven un mundo distinto (señores diputados cobrando 7.721euros por asistir a las sesiones plenarias al Congreso y que aspiran a la pensión máxima vitalicia) y ningún partido de los actuales hará caso con profundidad en temas que tanto nos incumben a los pensionistas. Al final, unas cuantas migajas, salidas en la foto y vuelta a empezar.

Conviene recordar que el 26-J de 2016, el PP, logró 7,9 millones de votos, el PSOE, obtuvo 5,4 millones, Podemos 5 millones y Ciudadanos 3,1 millones. En cualquier caso, si se restan los actuales seguidores por creencias ideológicas, la cuenta final continua siendo muy interesante, para que antes de lo que podamos imaginar, algún nuevo grupo, posiblemente, intentará darse a conocer en representación de este colectivo bajo siglas que se identifiquen con "Pensionistas 9 millones", o los propios partidos actuales se declararán capaces de hablar con la claridad suficiente, a un colectivo que está en condiciones de decidir qué partido puede gobernar próximamente.

Platón decía que el filósofo debe gobernar, porque es el único que conoce la verdadera ruta a seguir por su pueblo y está en condiciones de superar las dificultades y las crisis, porque tiene en sus manos la más alta educación posible para realizar su tarea, y ello le llevaría no menos de cincuenta años de preparación- casi igual que los actuales. Añadiría que su equipo estuviera formado por personas serias y que hayan demostrado su honradez y capacidad de gestión en su vida laboral, con suficiente experiencia en los distintos campos profesionales, incluido los legislativos y ejecutivos, con aptitudes y actitudes suficientes para llevar a cabo tan importante tarea.

Es en el Parlamento donde habría que tener delegación, ya que los diputados son quienes posibilitan la formulación de los intereses económicos y sociales de los ciudadanos. Solo merecería la pena escucharles si respondieran a los perfiles señalados.