Que el Gobierno de un país lance mensajes esperanzadores en tiempos convulsos -los coletazos de la crisis financiera, la pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación briosa- es algo normal y hasta responsable. Que nos ponga gafas de color de rosa ante los problemas serios no lo es tanto. La realidad española no mueve al optimismo. En el editorial los periódicos Joly del jueves, titulado Alarma económica, se esbozaba un panorama preocupante para las arcas públicas españolas. La escalada de precios comenzó a hacer daño en la estabilidad general y en las economías domésticas por los desajustes entre la oferta y la demanda de los mercados por la pandemia de Covid-19. Sin solución de continuidad, la invasión rusa de Ucrania ha agravado la situación de forma inquietante. La autoridad monetaria -el BCE- ha anunciado que cierra la llamada barra libre con la que el banco central con sede en Fráncfort ha venido durante más de diez años comprando sin mayores exigencias la deuda soberana de los estados miembros: la liquidez sin límites se ha acabado, y ello condiciona la política fiscal y presupuestaria de nuestro país, más tocado que la mayoría de los socios de la UE por la prima de riesgo, un termómetro de la confianza global en la solvencia de un Estado. Un indicador que, en el caso de España, tiene mucho que ver con su creciente endeudamiento, que durante los años pareció no ser ningún problema; siéndolo, y mucho: como sucede en una familia, empresa o territorio, el dóping del crédito a coste cero y el descuadre entre ingresos y gastos tenía que emerger de forma siniestra sobre la viabilidad de las cuentas. No sólo eso, sino que el propio BCE -el árbitro monetario y financiero de un grupo de economías diversas- va a subir los tipos de interés básicos y de referencia en julio, y de nuevo en septiembre. Y ya veremos cuántas veces más.

La alta inflación -sobre todo si es crónica- no sólo corroe a las economías y las hace inseguras e indignas de inversión productiva, sino que lleva aparejada de forma histórica una elevación de los intereses de los créditos de particulares (hipotecas y créditos personales), compañías privadas y públicas y, a la postre, de los países. Las perspectivas de crecimiento de la economía tenían los pies de barro, y los 'think tanks' económicos internos y exteriores rebajan sus previsiones. Y sin crecimiento, sin inversión y sin beneficios empresariales no hay prosperidad. Ante la urgencia, la llamada economía del decrecimiento tendrá que esperar. Es ideal y deseable que los humanos nos relacionemos equilibradamente con la naturaleza -el planeta es cada vez más finito-, y que ello se propicie con la disminución de la producción y el consumo, humanizando al capitalismo. Pero de momento, tal ideal está más lejos que hace unos años de ser factible.

Los lobbies locales de suministros esenciales, erigidos en logias oligopólicas en la sombra, acuerdan incrementar los precios mucho más de lo natural, dañando a las empresas y las familias, y crean una avidez inflacionaria. Las compañías de sectores enormes, pero en entredicho y decadentes en su ciclo como las energéticas clásicas, luchan especulativamente por posicionarse en las energías promisorias. No sabemos qué haremos con los cientos de millones de baterías desechables de nuestros coches ecológicos, pero sí que el gasoil no sólo no bajará de 2 euros el litro, sino que no pocos entendidos dicen que costará aquí 3 más pronto que tarde. Que la alternativa de los coches eléctricos -caros y complicados- sea limpia es una falacia, de momento. Valga esto como ejemplo de y síntoma de una economía mundializada en la que los períodos entre crecimiento y recesión son cada vez más cortos, y dañinos para la gente corriente.