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Diego Martínez López

Profesor de Economía · Universidad Pablo de Olavide

Los presupuestos desde la periferia

No es fácil de entender el regalo de perdonar las liquidaciones negativas a las autonomías, ni su oportunidad, dado el buen momento económico que viven las comunidades autónomas

Los presupuestos desde la periferia

Los presupuestos desde la periferia

SE ha hablado mucho estos días sobre presupuestos. Ha habido análisis exhaustivos y otros no tanto. También las sempiternas declaraciones: “los presupuestos de la recuperación”, “los más expansivos”, “los más (o menos) electoralistas/sociales/verdes/feministas/digitales”, etc. Incluso un servidor, y me dedico a ello, sufre cierto hartazgo sobre el tema. Pero, por otra parte, no quisiera dejar pasar la ocasión para intentar aportar una visión diferente, la de los presupuestos desde una perspectiva descentralizada. Aunque se trata en efecto de los presupuestos del Estado, sus extensiones hacia otras administraciones, y aquí querría concentrarme en las Comunidades Autónomas (CCAA), son significativas.

Un primer apunte es que el sistema de financiación autonómica arrastrará todavía parte de las interferencias surgidas a partir del Covid-19. Tanto en 2020 como en 2021 se instrumentaron fondos extraordinarios que, siendo algunos oportunos, erraron en su cuantía (excesiva) y en su reparto (demasiado discrecional y sometidos a mucha polémica; faltó política). Para 2022 se recupera la normalidad en las entregas a cuenta, que no estarán dopadas como en 2020. Y también, afortunadamente, se corrige el impacto negativo que la liquidación del IVA tuvo sobre las cuentas de las CCAA por un nuevo mecanismo de gestión tributaria adoptado en 2017. Esta compensación era obligada por motivos de lealtad institucional y así lo han entendido también los tribunales.

Sin embargo, se decide una condonación de las liquidaciones negativas que, sobre la base de las excesivas entregas a cuenta facilitadas a las CCAA en 2020, éstas deberían devolver al Estado. La cuantía es de casi 4.000 millones de euros. En ocasiones anteriores, y con cifras superiores, estas devoluciones se aplazaron y fraccionaron para una mejor digestión en las finanzas autonómicas. Pero esta vez se ha adoptado una decisión menos ortodoxa: perdonarlas.

No es fácil entender la justificación del regalo y el antecedente que crea. Ni su oportunidad dada la relativa buena situación financiera en la que se encuentran las CCAA (comparada con la del Estado o la Seguridad Social). También se ha perdido la ocasión de engrasar una minirreforma del sistema de financiación utilizando estos recursos extraordinarios, tal y como ya hedefendido en estas mismas páginas. Además, la medida está diseñada de tal modo que no queda claro si todas las CCAA se pueden beneficiar de la misma.

Un segundo comentario trasciende los límites de estos presupuestos y aterriza en los Estatutos de Autonomía de algunas CCAA. Me refiero a las cláusulas que algunos contienen respecto a la inversión pública estatal que debe realizarse en cada territorio. En el caso de Andalucía según la población, en el de Cataluña según el Producto Interior Bruto. Digámoslo con claridad: estas disposiciones estatutarias son un engendro de difícil manejo y peor racionalidad.

No hace falta ser un genio en matemáticas para entender que su generalización a todas las CCAA, cada una incluyendo el criterio que más le interesa, sería metafísicamente imposible de atender. Además, supone una inaceptable intromisión en las competencias del Estado y, más importante todavía, en la soberanía nacional que decide en las Cortes Generales sobre los presupuestos que les corresponde. Afortunadamente así lo entendió el Tribunal Constitucional, que desactivó de facto el que se pudiese reclamar ese dislate con fundamento jurídico. Por consiguiente, basar una parte de la discusión política sobre esas cláusulas de inversión estatal obligatoria resulta pueblerino.

Un último apunte, también en la periferia del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, es la relación espuria que algunos han establecido entre el déficit de la Seguridad Social y el cupo vasco o la aportación navarra. Se ha afirmado con cierta profusión en redes sociales que las transferencias que el Estado debe realizar a la Seguridad Social para cubrir su déficit les sale gratis a las haciendas forales, aunque sus ciudadanos disfrutarán de esa suficiencia financiera igual que los del resto del Estado.

No soy precisamente un defensor del estado actual de las relaciones financieras entre el Estado y las haciendas forales, que a mi juicio (y el de otros muchos) se encuentran notablemente sesgadas a favor de las segundas. Pero para cambiar las cosas hay que criticar con fundamento.

Tanto las transferencias del Estado a la Seguridad Social como el implícito (aunque obvio) endeudamiento en el que éste incurre para financiar su déficit, forman parte de las cargas no asumidas que se consideran a efectos del cálculo del cupo. Por tanto, la leyenda urbana difundida por redes sociales no se ajusta a la realidad. Esa base corresponde definirla de nuevo para el caso vasco en 2022 y se encuentra prorrogada desde 2020 en el navarro. Cuando se produzca dicha negociación, la ley del concierto/convenio económico no solo obliga a tener en cuenta esos gastos estatales en la nueva base sino que cabe la posibilidad de aplicarlos con efectos retroactivos, que en el supuesto navarro es evidente. Otra cosa será cómo se desarrolle dicha negociación, y sus detalles técnicos, de los que continuaremos estando pendientes quienes nos interesamos por ello. Pero criticar sin dominar los temas es fútil y desemboca en esfuerzos estériles.

En definitiva, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado entregado a las Cortes no desmerece interés para los asuntos de federalismo fiscal. No termina de normalizarse (ni mucho menos mejorarse) la arquitectura de la financiación autonómica. Una parte de la eterna polémica por el reparto territorial de la inversión estatal ha vuelto a reclamar disparatadas cláusulas estatutarias. Y la cuestión foral sigue generando algunos titulares de escasa trascendencia argumental.

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