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Análisis

carmen pérez

El precio del co2, por las nubes

Europa siempre ha sido la abanderada contra el cambio climático. Y la primera que se decidió a implantar un sistema de mercado para penalizar la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero. "El que contamina paga", ese es el objetivo. Cada empresa, si pertenece a los sectores afectados y en función del volumen de emisiones que expulsa en el año, tiene que comprar derechos de emisión (cada derecho es un activo financiero que permite al que lo compra contaminar una tonelada de CO2) para compensarlas. Ahora, el precio de este derecho se está disparando.

Fue en 2005, un año después del Protocolo de Kyoto, cuando Europa implantó este mercado financiero de derechos de emisión (Euets). En sus inicios el precio del derecho superó los 30 euros, un nivel de precio suficiente para emitir las señales adecuadas, esto es, que consiguiera que las empresas se tomaran en serio la contaminación y emprendieran medidas para frenarla. Pero con la crisis financiera las predicciones sobre las que se sustentaba dicho mercado fallaron: la grave contracción de la producción conllevó que las emisiones descendieran, provocando que existiera un exceso de derechos en el mercado.

Consecuentemente, durante mucho tiempo el precio estuvo muy bajo. Así, desde 2011 a 2017 se movió en el entorno de los siete euros. Y las implicaciones de un precio tan bajo son determinantes porque en el precio se concentra la eficacia de este sistema. Con precios bajos es tan barato contaminar que el incentivo para el desarrollo y aplicación de tecnologías limpias que consigan una economía baja en carbono se anula. Por ello, para volver a alinearlo a este objetivo, el mercado fue sufriendo diferentes reformas, modificándose las normativas que lo regulan y las cantidades de derechos que la Comisión subastaba.

En 2018 ya se situó en torno a los 22 euros. Pero está siendo en estos últimos meses cuando está experimentando un crecimiento espectacular: el precio ha subido un 60% desde noviembre; la media de los últimos cinco días ha sido de 38 euros y el 12 de febrero alcanzó un récord de casi 40 euros. El motivo de este acelerón se encuentra en el acuerdo que firmaron hace unos meses los líderes de la UE: han establecido un objetivo para 2030 de reducir las emisiones un 55% respecto a las de 1990, en vez del 40% fijado en el Acuerdo de París. Para este límite más severo, la Comisión subastará menos derechos y el precio será más alto. Algunos analistas incluso esperan que se alcancen los 100 euros por tonelada.

El anuncio de la Comisión ha desatado la especulación, no sólo en el mercado al contado (spot), sino también en los de futuros y opciones sobre estos derechos. Los bancos y grandes fondos, a los que se les permitió adquirirlos aunque el sector financiero no es un sector afectado, están entrando a saco. Por diversificación, como protección ante la inflación o por especulación pura y dura. El problema es que el precio se pase de rosca y que cotice tan alto que penalice de forma abrupta y excesiva a la industria europea. La Comisión tendría que intervenir, ahora para bajarlo. Política y mercado casan mal. Y peor aún si además el mundo financiero está por medio intrigando.

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