Las Barbie Pinocho se hicieron populares hace casi dos décadas. A veces en bikini, otras en bata de boatiné, con las pelucas rubias y la nariz larga que representaban a una mentirosa, caricaturizaban de este modo a la que entonces era alcaldesa de la ciudad. Teófila Martínez. Aquello pudo ser el origen de lo que después se llamó un escrache, porque allá donde iba Martínez, aparecían los representantes sindicales del Ayuntamiento como si fuera su propia sombra.

Fue una guerra sin cuartel que se prolongó durante bastante tiempo y en la que hubo incluso fuego publicitario. El entonces equipo de Gobierno del PP llegó a contratar cuñas en las radios donde explicaba a la opinión pública que las reivindicaciones de los empleados municipales eran solo económicas y que pretendían tener más dinero a cambio de hacer el mismo trabajo. ¿Les suena de algo?: “El Ayuntamiento de Cádiz te informa: Los sindicatos municipales nos piden a los gaditanos en el nuevo convenio colectivo una subida de sueldos de más de 400 millones de las antiguas pesetas a repartir entre 500 funcionarios. A cambio, no ofrecen ni más dedicación laboral ni más servicios públicos. Entendemos que estas exigencias sindicales son injustificadas e inviables económicamente, aunque seguimos abiertos al diálogo. Rogamos disculpen las molestias que les puedan causar estas movilizaciones sindicales. Nuestra obligación como Ayuntamiento es administrar adecuadamente el dinero de todos los gaditanos. Por eso queremos que estés informado”. Esto fue contestado del mismo modo por otro anuncio que fue pagado a escote por los funcionarios municipales en los que se le decía a Teófila Martínez y a su equipo de Gobierno que no estaban pidiendo más dinero sino recuperar lo que venían perdiendo desde el año 2001.

Hoy casi 20 años el conflicto también se encuentra enquistado. Aunque puede tener ciertas similitudes con el que hubo entonces, hay algunas diferencias importantes. Entonces se unieron los sindicatos Comisiones Obreras, SPL (Sindicato de la Policía Local (SPL), que hoy tiene las siglas de UPLB, y Autonomía Obrera. La otra es que entonces eran reivindicaciones en las que estaban inmersa toda la plantilla municipal, mientras que ahora, con matices, porque la RPT que reclaman sí afecta a todo el colectivo de empleados municipales, es más corporativa y se circunscribe a la Policía Local.

Este es un colectivo de más de 200 personas que siempre ha tenido mucha fuerza a la hora de reclamar lo que entienden que son sus derechos. Cuentan con sus propios sindicatos corporativos que se sientan en la Junta de Personal a negociar con el equipo de Gobierno de turno.

En el año 2007, con la misma Teófila Martínez y con Ignacio Romaní como delegado de Personal, hicieron una protesta sonada donde más de un centenar de agentes se dieron de baja de manera repentina y en el plazo de menos de una hora que dejó prácticamente sin policías el primer fin de semana de Carnaval y sin la presencia de estos en las votaciones del referéndum del Estatuto de Andalucía. Aquello originó la apertura de un expediente y denuncias en los juzgados por si lo que se había producido era una huelga encubierta.

Ya con José María González ‘Kichi’ en el poder, las relaciones con la Policía Local han sido tirantes casi desde el inicio. Aquellas declaraciones en una entrevista del alcalde poniéndose al lado de un vendedor de pescado ilegal frente a los agentes de la Policía Local no ayudó a ello.

Sin embargo, el problema que se está dando en la actualidad es laboral pero de un calado mucho más importante porque lo que está sacando a la superficie es que está establecido un sistema desde hace muchos años que es un círculo vicioso que en tiempos de conflicto explota.

Con la cartera de competencias que tiene la Policía Local, el sistema de turnos y la merma que se ha producido en la plantilla en los últimos tiempos, hay servicios que dependen de las horas extras y, por lo tanto, de la voluntariedad de los agentes, que cobraban por ello. El problema es que hay servicios que se consideran esenciales que están sometidos a este sistema perverso. Si no hay voluntarios, no hay servicio y, en tiempos de guerra, la situación empeora.

El equipo de gobierno ha decidido aguantar el pulso y, al igual que ocurrió hace años, pone precio al conflicto, algo que los policía no admiten.

Ahora la guerra se está centrando en el dispositivo para las playas. Si las dos partes reducen su pensamiento a la batalla por tener a la opinión pública de su lado, no se avanzará. La clave será ir teniendo acercamientos en el tema de la RPT y el acuerdo regulador pero sin olvidar de vista que la madre del cordero está en que el sistema ha de ser modificado y darle la vuelta como un calcetín.