Los censos que cada dos años realiza el Ayuntamiento de Cádiz sobre las personas sin hogar indican que hay una estabilización en este colectivo en lo que se refiere al número. Sin embargo la percepción ciudadana es que cada vez hay más.

Detrás de cada sin techo hay un drama, una circunstancia personal con una serie de patologías en muchos casos y situaciones que les han llevado a permanecer en la calle. Cuanto más tiempo pase bajo el manto de las estrellas, más peligro hay de que su situación se cronifique y sea más complicada su reinserción en la sociedad.

Los dos equipos de Gobierno de José María González 'Kichi'  han tenido desde el año 2015 este asunto entre una de sus prioridades. Se han ido haciendo algunas cosas más importantes acompañadas de las distintas asociaciones que asisten a este colectivo, junto con otras menores. Entre las primeras, el que se haya conseguido casa a gente de la calle o que se les haya podido empadronar a muchos de ellos, lo que significa un pasaporte a determinados servicios públicos como el de la sanidad.

Sin embargo, la proliferación de acampadas por muchos lugares de la ciudad ha venido a dar un giro en la hasta ahora laxitud por parte del gobierno municipal  a la hora de tratar de controlar la situación.

Antes de esta orden realizada por el equipo de Gobierno para eliminar los asentamientos, ya se habían producido un par de acciones anteriores. La primera de ella fue el cerramiento que se puso a las bóvedas de las Puertas de Tierra, que puso fin a la acampada de personas sin hogar que estuvieron allí durante meses y que en los últimos tiempos incluso mantuvieron reivindicaciones contra el Ayuntamiento al amparo de una asociación que trabajaba con ellos.

La segunda tuvo que ver con las protestas de los vecinos del barrio de La Viña y, en concreto, de la plaza José Macías Rete, lugar en el que está situado el albergue municipal para las personas sin hogar. Las continuas peleas estaba causando una sensación de inseguridad que hizo que los vecinos, también compañeros de residencia del propio alcalde, se echaran a la calle, por lo que Kichi bajó de su casa para escucharlos. A partir de entonces se le dio orden a la Policía Local para que hiciera labores de vigilancia en los puntos más conflictivos como esta plaza citada, Candelaria o Capuchinos, lugares que siempre habían sido los más problemáticos.

Pero la novedad estriba ahora es que hay una orden a la Policía Local no sólo para desmantelar los distintos asentamientos sino para impedir que se vuelvan a instalar en ellos, como es el caso del Espacio Entrecatedrales y el foso de las Puertas de Tierra.

El equipo de Gobierno justifica esta acción en que está llegando a la ciudad una especie de turismo muy ‘low cost’ que acampa directamente en la calle y que “abusa”, palabra literal empleada por la edil Ana Fernández, de los recursos disponibles para las personas sin hogar sin la capital gaditana.

¿Pero cómo se hace esa distinción entre los que realmente son personas sin hogar o no o es que acaso hay un carnet que diferencia a unos de otros? Los desmantelamientos se han llevado en varías fases, primero con el aviso, segundo con la multa por ocupación de la vía pública y, en tercer lugar, directamente quitándole los enseres, como las tiendas de campaña y otros.

Hasta ahora el Ayuntamiento de Cádiz siempre había tenido la táctica de la zanahoria en la gestión del tema de los sin techo. Ahora introduce también la del palo metafórico para impedir que el asunto se les vaya de las manos.