Aestas alturas la caída de la actividad derivada de la pandemia les ha supuesto a decenas de miles de autónomos y pymes casi la ruina de sus negocios y, además, haberse echado un préstamo a la espalda. Para las administraciones públicas era fundamental que no se produjera un cierre rápido y masivo en estos colectivos -motores de la economía- y que no se desencadenara una nefasta cadena de impagos. Así, actuaron con diligencia suministrándole liquidez a manta. Como medida de contención de lo que hubiera sido una hecatombe no tiene tacha.

En este contexto hay que entender las líneas de avales ICO. La banca, como pasó en la crisis financiera, hubiera sido muy reacia a conceder operaciones a estos colectivos dado el deterioro de sus cuentas de resultados y la alta incertidumbre imperante, por lo que el Estado español -al igual que todos en Europa- sacó pecho y resolvió avalar las operaciones. Así, desde el inicio de la pandemia hasta noviembre los bancos les han concedido préstamos avalados por 92.000 millones de euros con condiciones muy ventajosas. En principio, tenían un plazo de hasta cinco años para pagarse, con un periodo de carencia de un año. Pero, a la vista de la segunda ola, hace unos días se ha extendido el vencimiento de estos préstamos tres años más y se ha prolongado la carencia otros doce meses.

También la Junta de Andalucía tuvo el acierto de concertar con Garántia -la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) andaluza-, apoyándola con hasta 87 millones de euros, para que mediante su aval facilitara créditos por valor de 600 millones. Las micropymes y los autónomos andaluces han disfrutado del valor que aporta la intervención de nuestra SGR, obteniendo financiación en unas condiciones excepcionales de importes, plazo y tipos de interés (de 1,1 a 1,4%). El convenio también contempla que no tengan que enfrentar ni el coste del aval, ni la comisión de apertura ni los intereses en el periodo de carencia. La línea terminará 2020 utilizada por 217 millones de euros, pero sigue vigente hasta marzo de 2021. Además, también van a mejorarse las condiciones de plazo y carencia, al igual que los ICO.

La asistencia financiera, por tanto, ha sido más que suficiente. Iniciativas paralelas, como los ERTE, las ayudas estatales por cese de actividad o las varias que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha también han sido vitales para ayudarles a sobrevivir este año. Pero, a tenor del artículo publicado esta semana por el Banco de España -El impacto de la crisis del Covid-19 sobre la situación financiera de las empresas no financieras en 2020-, van a terminarlo muy debilitados: sus niveles de rentabilidad han experimentado una brusca caída y se han elevado sus ratios de endeudamiento.

Ahora, las vacunas abren una gran esperanza de que puedan empezar pronto a recuperarse. Pero eso no debe ser óbice para que las administraciones públicas de todos los niveles no diseñen planes sectoriales para apoyar a las pymes y autónomos que hayan sabido capear el temporal y sigan siendo viables, no sólo a sobrellevar el sapo de los préstamos en los que muchos se han encontrado embarcados, sino también para que tengan capacidad para acometer las inversiones necesarias.