Ese es el dinero que pagamos todos los años a las empresas contratadas por el Ayuntamiento de El Puerto. Cuando elegimos una corporación municipal es para que ejerzan eficazmente sus competencias. Y entre las competencias municipales está el abastecimiento de agua potable y la depuración de las residuales; la recogida y correcta gestión de los residuos, el mantenimiento de parques y jardines, la limpieza viaria… Para ello pagamos su sueldo, el de sus asesores, y el de los funcionarios municipales; además del coste de estos servicios.

 Pero en los ayuntamientos se ha generalizado la fórmula de los vagos, contratar a empresas privadas para que hagan su trabajo. Entonces, ¿para qué se presentan a las elecciones? Mejor que opten a un puesto directivo en esas empresas.

Pero lo grave del asunto no es que se privaticen servicios municipales, que estos nos cuesten una partida muy importante del presupuesto del ayuntamiento, sino que la inspección municipal que tiene la misión de comprobar la correcta realización de los servicios contratados, no actúa. O sea, estas empresas cobran cantidades millonarias pagadas con nuestros impuestos, sin que el ayuntamiento compruebe si cumplen el contrato.

Y las consecuencias de este descontrol se evidencian en la mala gestión de la recogida de basuras, la falta de reposición de árboles muertos o talados, la deficiente depuración de las aguas residuales, la falta de inversión en mejora tecnológica de Apemsa, o el uso privativo de un equipamiento público como es el Centro de Recursos Ambientales. Y esta desidia calculada ha tenido sus contrapartidas para quienes tendrían que controlar a estas empresas y garantizar el interés público. La mayoría de las contratas y de las inspecciones municipales dependen del Área de Medio Ambiente. Millán calla y mira para otro lado; Beardo ha puesto a Caraballo para que manipule a su antojo. 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha reconocido sin tapujos que no se realizan los informes de inspección obligatorios según los pliegos de las contratas y la ley de contratos públicos. ¡Cómo el dinero no es suyo!

El alcalde no puede seguir callando ante este descontrol de dinero público, y ante la falta de verificación de los contratos municipales que pagamos toda la población.