La Transición española, siempre bajo el "paradigma de modélica", nunca había sido tan discutida como sucede en estos tiempos. Muchas investigaciones y estudios coinciden en que la ruptura habría sido la mejor solución, que hubo muchos condicionantes, muchas presiones, poca participación. Son reflexiones interesantes que nos llevan a un nuevo debate muy razonado. Pero también es cierto que probablemente se hizo lo que se tenía y podía hacer en aquellos momentos, donde la prioridad era asegurar la libertad y la democracia.

Pero el paso del tiempo nos lleva a comprender que después de tantos años este país todavía tiene algunas reformas pendientes, y que por diversas causas el poder político no se atreve a entrar. Y una de las más importantes y quizás por el momento que está pasando, es la reforma de la Justicia. No solo por el bloqueo que está sufriendo el Consejo del Poder Judicial, que causa rubor, también por el lamentable espectáculo que ha estado causando sentencias tan dispares ante un mismo problema durante la pandemia. Hasta el Tribunal Constitucional se ha visto salpicado con la sentencia de nulidad sobre el Estado de Alarma. Son resoluciones que han desconcertado a todos los ciudadanos. La imagen que ha dejado y está dejando la justicia se aleja de la que debe ser en un país europeo, moderno e independiente.

Podemos sumar las resoluciones de tribunales europeos que han corregido a los tribunales españoles. La lentitud de la justicia ante la falta de medios es otra de las grandes reformas pendientes y largamente esperadas. Pero uno de los problemas de actualidad de la justicia española es la instrumentalización que hacen los partidos políticos de ella. La situación de bloqueo que ejerce el Partido Popular sobre el Consejo del Poder Judicial es de un verdadero e impresentable golferío político. No es la primera vez que esto sucede. Rajoy mantuvo el bloqueo de la renovación del Poder Judicial durante un año y diez meses con la mayoría de Aznar cuando gobernaba Zapatero. ¿Por qué? Porque no quería perder la mayoría conservadora que tenían en el consejo de los jueces. Y ahora sucede lo mismo. No hay otras razones que mantener a toda costa y el mayor tiempo posible una mayoría judicial que no le corresponde por su minoría en el Congreso.

La historia se repite y siempre cuando el PP está en la oposición. Nunca reconocen, la derecha, el perder unas elecciones. ¿Pero de verdad es legítimo que un partido de gobierno pueda bloquear las instituciones del Estado? ¿Pueda desobedecer la Constitución? Consejo, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, son instituciones democráticas y fundamentales para el buen funcionamiento del país. Pero también algo, o mucho, de culpa la tienen los propios jueces (divididos entre conservadores y progresistas) que no tienen la valentía de dimitir para forzar las renovaciones.

Y los ciudadanos nos preguntamos ¿por qué no dimiten? Es cuestión de que los jueces apoyan al Partido Popular con su asociación mayoritaria, es cuestión de no perder sus altos sueldos. Todo esto mancha la imagen de la justicia, mancha la imagen de España. Y un partido que es de gobierno no puede provocar esto.