Al Foro Económico de Davos solían acudir los líderes políticos y empresariales más importantes del planeta para discutir sobre los grandes retos globales y comprometerse a trabajar para mejorar el funcionamiento de las cosas que nos conciernen a todos. Este año han faltado Trump, Xi Jinping y Putin, seguramente los líderes políticos más relevantes del momento, por sus particulares posicionamientos personales en relación con la escalada del proteccionismo y la guerra comercial, el auge de los populismos y la intolerancia, la incertidumbre política y el aumento de las tensiones internacionales y la desigualdad. Son las nuevas imágenes de los retos globales, frente a los que Davos ha planteado dotar al concepto de globalización de una nueva dimensión. La globalización 4.0 ofrece a los insatisfechos con la tradicional, excesivamente sesgada hacia la salvaguardia del orden económico, la posibilidad de recuperar el control de cuestiones relevantes para la convivencia global, como la lucha contra el calentamiento global y la desigualdad o la pobreza.

Mi impresión es que la reacción de los poderosos en Davos no se debe tanto al robustecimiento repentino de sus conciencias, como a la percepción del riesgo derivado del debilitamiento de la economía mundial, del retroceso del comercio y de los flujos de inversión internacional, o de la aparición de nuevas amenazas de desestabilización global. Entre ellas, la de la propia Unión Europea, donde el disparate del Brexit deambula sin aparente control, se impone el radicalismo intolerante y el auge de los euroescépticos convierten a la siempre predecible Europa en un importante foco de incertidumbre a nivel mundial. En América Latina la situación podría ser todavía más compleja, dependiendo de cómo se resuelva finalmente el drama venezolano y la incógnita sobre el papel de los nuevos actores al frente de los gobiernos de México y Brasil. Mientras tanto, países como Turquía y Rusia han decidido contribuir a elevar la escala de la tensión política internacional, mediante abierta interferencia en cuestiones internas de otros, hasta el punto de amenazar el equilibrio global con amagos de retorno a la guerra fría y la suspensión del tratado contra la proliferación nuclear.

La economía española no está mal posicionada ante el reto. En la actualidad es la decimocuarta más grande del mundo, si el PIB se mide en dólares corrientes (la decimoquinta en paridad de poder adquisitivo), aunque hace una década éramos la octava. La crisis nos vapuleó y provocó que países como Australia, Rusia, Corea, Canadá o Brasil nos adelantasen. Sin embargo, también hemos sido una de las más dinámicas de la OCDE tras el inicio de la recuperación, de manera que en el Índice de Competitividad Global que elabora World Economic Forum, España ha conseguido entre 2017 y 2018 avanzar nada menos que ocho puestos en el ranking. El problema es que, a pesar de ello, seguimos estando muy atrás (puesto 26), lo que significa que arrastramos un importante déficit de competitividad, además de mantenernos como el segundo peor país de la OCDE para trabajar y donde existe la más alta probabilidad de perder el empleo.