La doble moral de la objeción de conciencia

En los últimos semanas, ciertos medios de comunicación se han dedicado a lamentar la situación de los llamado “ pobres médicos objetores de conciencia” frente al aborto. Los presentan como héroes morales, perseguidos por un sistema y un gobierno progresista que-según dicen- los obliga a incluirse en un registro en el que serán señalados y perjudicados.

Se construye así un relato de persecución moral, que busca despertar simpatía y, al mismo tiempo, minar los avances en derechos sexuales y reproducidos conquistado con años de lucha feminista y social.

Pero detrás de esta narrativa hay una realidad mucho mas dura y menos visible: las que verdaderamente pagan el costo del retroceso no son los médicos ,sino las mujeres, sobre todo las que tienen menos recursos.

Los datos son objetivos y no mienten. En Andalucía, solo el 0,2% de los abortos practicados se realizan en hospitales Públicos; el resto se deriva a clínicas privadas. Hay provincias, como Jaén en el no es posible practicar una Interrupción Voluntaria del Embarazo ( IVE) ni en el ámbito publico ni en el privado.

Solo 11 % de las interrupciones, se realiza con el método farmacológico , siendo esta la menos invasiva para la mujeres. El resto, se realizan con el método quirúrgico, lo que sugiere que en una clínica privada, se factura mas por una operación, que por una simples “pastillitas”.

A todo ello se le suma, el 1,8 millones de euros, de dinero publico, que el Gobierno del Partido Popular de Andalucía ha destinado a subvencionar a las asociaciones antiabortistas, o crear la Oficina Municipal de Apoyo a la Maternidad en Sevilla , que se lleva el 30% del presupuesto municipal, todo con un objetivo, amedrentar a la mujeres en las puertas de las clínicas privadas que , tras una difícil decisión, deciden interrumpir su embarazo.

Y aunque el nuevo articulo 43.4 del texto constitucional obligará a los poderes públicos a garantizar el ejercicio efectivo de este derecho en todo el territorio y dentro de la red sanitaria publica, la realidad hoy es otra .

Cuando los servicio públicos, se llena de objetores y se niegan a practicar abortos, el acceso a este derecho se vuelve un privilegio. Las mujeres con menos recursos, se ven empujadas de nuevo a la clandestinidad, a la inseguridad sanitaria y al estigma.

En nombre de la conciencia, se legitima un retroceso. En nombre de la moral, se perpetua una injusticia. Y en nombre de la libertad, se condena a las que tiene menos recursos y opciones.