De manera subrepticia y por la gatera, así ha aprobado y publicado el gobierno del marido de Begoña Gómez el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género (VG). Efectivamente, algo tenía que ocultar, y es que tras el cuasi extinto cuponazo cervical -del que disfrutaban algunos lesionados por accidente de circulación- hemos pasado al cuponazo marital, o medio de financiación de una presunta víctima de VG tras una ruptura sentimental.

El RD-L da relevancia a la dotación económica que ha de percibir la mujer víctima de VG para superarla y para ello recoge distintos supuestos en que sea beneficiaria de la misma que, francamente, han escandalizado a los juristas de toda España. Así, se estipula que "las situaciones de violencia de género" que dan lugar al reconocimiento de derechos y prestaciones son: la sentencia condenatoria (faltaría más), una orden de protección o medida cautelar (que se dan con bastante probabilidad tras una denuncia), informe del Ministerio Fiscal de que hay indicios de VG (por si el juez no comparte su criterio) y, como traca final, si los servicios sociales, los especializados, o los de acogida de la Administración Pública lo determinan.

Es decir, predigo que 99 de cada 100 mujeres que denuncien sufrir un maltrato de género obtendrán una prestación por ello (compatible con otras pagas, por cierto), aparte de los derechos que de por sí la Ley Orgánica 1/2004 ya otorga, con independencia de que al acabar el proceso el denunciado sea absuelto.

Vamos a decirlo claro. Podría llegar a pensarse que toda mujer es víctima de violencia de género per se, pero el problema no es ese. Ha de erradicarse esa lacra que supone la VG, más aún cuando el número de mujeres fallecidas ha aumentado progresivamente tras la aprobación de la LO 1/2004, lo que indica el fracaso de la misma. El problema es la condición humana. Este RD-L modifica "inconstitucionalmente" leyes orgánicas y códigos civiles, al permitir que uno de los progenitores lleve al hijo al psicólogo saltándose la patria potestad del otro y al considerar "víctima" a una mujer (con el propósito de darle derechos y prestaciones adicionales) frente al estupor del denunciado (que pasaría a ser considerado "agresor" en el imaginario colectivo de su comunidad). Ello supone, además del dinero a percibir, otorgar a la esposa una peligrosa posición dominante en un proceso de divorcio o de atribución de hijos menores (dado que la custodia exclusiva o compartida no se suele otorgar a un "presunto maltratador").

Veo relación entre este cuponazo marital y la sentencia condenatoria a Juana Rivas. Es un guiño que el gobierno del marido de Begoña Gómez envía al electorado feminista tras la solicitud de perspectiva de género a los jueces. Como abogado inscrito en el turno de oficio y el de VG me causa pavor: aumentará el número de denuncias de maltrato, de fraudes y, desgraciadamente, de mujeres muertas.