Antes de entrar en materia necesito compartir el cabreo con todos los suspendidos para noviembre que han propiciado nuestros políticos de todos los partidos de cualquier tendencia o ideología, siendo incapaces de acordar un Gobierno estable tras un montón de inexplicables maniobras en la oscuridad.

También desearía rogar a unos parlamentarios o gregarios carentes de voz propia en todo este tiempo que tengan la amabilidad de renunciar al cobro de unas indemnizaciones que no se han ganado en meses de inactividad política.

Y un tercer ruego: aténganse a lo dispuesto en la ley respecto a la duración de la campaña electoral, no se inventen pre-campañas morrocotudas y no gasten papelote ni otros recursos de pública financiación en ganar unos problemáticos puntos de ventaja en esta estúpida carrera de fondo.

Y el caso es que había un montón de cuestiones pendientes que urgía resolver desde un Gobierno en plenas facultades, como es, por ejemplo, el de la educación. Y no me digan que da igual, ya que las competencias educativas han sido transferidas a las Comunidades Autónomas, porque la paralización presupuestaria revierte en la aplicación de tales competencias. Si no hay dinero para el Estado, no lo hay para las autonomías y, sin dinero, poca cosa se puede hacer.

El caso es, descendiendo al más pedestre plano de la realidad, que los centros educativos han comenzado a funcionar, y lo han hecho a lomos de alumno, de profesor y de familias. Gracias a ese esfuerzo colectivo la enseñanza va saliendo adelante a pesar de los pesares.

Claro que lo han hecho con diferencias muy sustanciales. Por ejemplo, las infantas van a ir a un colegio privado que cuesta (¿a quién?) la bonita cantidad de siete mil euros al año por cabeza de niño, una institución privada católica dotada de instalaciones indispensables, como sean pistas de golf y de hockey, con personal igualmente preciso, como un chef de cocina y unos profes capacitados para enseñar exquisitos modales a sus pequeños e ilustres pupilos. Otra cosa es el nivel académico del colegio, que no parece despuntar entre los mejores.

En un instituto público de Chiclana, sin precisar cuál, puede haber más de dos mil alumnos, distribuidos en grupos próximos a los treinta escolares. Todas las aulas están a plena ocupación durante la totalidad de la jornada escolar y no hay espacio para que cada departamento cuente con un despacho propio, de modo que los profesores deben realizar sus tareas en una sala profesoral atiborrada. La plantilla cuenta con un elevado porcentaje de profesorado interino, porque la Administración lleva años amortizando plazas de jubilados y no convoca el suficiente número de vacantes para estabilizar esas plantillas. El personal de limpieza está compuesto sólo por dos personas, una en turno de mañana y otra, en el de tarde. Y así sucesivamente. Sólo se logra un rendimiento académico y una buena convivencia gracias, y lamento insistir en ello, a la tarea conjunta de la comunidad educativa: alumnos, profesores y familias.

Aún así parece que podemos darnos con un canto en los dientes, porque unos cincuenta mil alumnos españoles comienzan el curso en barracones prefabricados, de los que once mil son andaluces. Por supuesto se trata de centros públicos, porque los privados, concertados o sin concertar, no sufren estas carencias.

Es curioso que todos los programas de los Partidos Políticos instalen entre sus prioridades el asunto de la educación y, en la práctica, siga siendo, nunca mejor dicho, una asignatura pendiente. Todos los grandes pactos propuestos sobre la materia han estado muy ideologizados. La derecha insiste en lo que ellos llaman "libertad de elección", que encubre un descarado propósito de favorecer a los centros privados, especialmente a los religiosos. La izquierda se supone que apuesta firmemente por la enseñanza pública, pero una cosa es predicar y otra, dar trigo, ya que administraciones socialistas han propiciado el apoyo a la enseñanza privada con mayor o menor disimulo. Recordemos que la figura de centro concertado se fraguo bajo la Administración de Felipe González, dicen que por una urgencia en aquel momento.

Algunos de estos colegios subvencionados siguen discriminando por sexo: "los niños con los niños, las niñas con las niñas", en evidente contradicción con nuestra normativa más básica y, desde luego, ajeno a los propósitos de igualdad tan cacareados. Quienes vivimos los tiempos de separación tuvimos luego dificultades para relacionarnos con naturalidad con el sexo opuesto y asumir plenamente esos principios de igualdad. Y eso, los que tuvimos una enseñanza pública, que para qué te cuento los que estudiaron con monjitas y frailecitos. Lo que ya no hay quien entienda es que Ayuntamientos socialistas cedan terreno público a precio de saldo para la construcción de centros elitistas como los que disfrutan sus altezas las infantas. Supongo que familias de Solagitas o Pago del Humo esperan con ansiedad la apertura de esos paraninfos de la sabiduría para escolarizar a sus pequeños. Claro que el desplazamiento hasta el Novo les puede resultar gravoso, pero todo sea por una educación de calidad.