La Gürtel mandó a Mariano Rajoy a registrar propiedades y propició su sucesión en la cúspide del Partido Popular. Junto al expresidente del gobierno, rostros conocidos como los de María Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre pasaron al cajón de las estampitas, ése en el que guardamos los cromos repes de temporadas pasadas. Bueno, quien dice la Gürtel, dice Bárcenas. El antiguo tesorero del PP ha sido muñidor de la ruina presente del partido de la gaviota, y lo ha sido, incluso sin quererlo, en comandita con otra figura fundamental para entender la última década de la política nacional: me refiero al excomisario Villarejo.

Villarejo aparece en todos y cada uno de los autos judiciales de moda en sus pantallas gracias a su labor compiladora —debe de tener grabaciones privadas de todos y cada uno de nosotros, incluso de usted— y a sus múltiples contactos y ramificaciones con toda clase de personas notables. Con sus archivos de audio puso a Dolores Delgado al borde de la guillotina política por aquella sobremesa con Baltasar Garzón en la que malhablaba del (hoy desaparecido) ministro del Interior socialista. Aquellas declaraciones de la fiscal le hubieran costado el cargo a cualquier ministro de Justicia en cualquier país democrático, pero se ve que Spain is different: su castigo fue comandar la Fiscalía General del Estado.

La última villarejada fue, presuntamente —hemos de usar esta fórmula siempre que no haya sentencia firme como antaño el Vade retro, Satanás u hoy día el Habeas corpus—, colaborar con la cúpula de Interior del PP de Jorge Fernández Díaz para espiar a Luis Bárcenas y a su esposa, sustrayendo documentos sensibles (tierno eufemismo) de su hogar familiar. Para ello, se orquestó un operativo policial de grandes dimensiones —el "Kitchen"— en el que participaron más de setenta agentes. Incluso se infiltró un funcionario como chófer del matrimonio. Y todo ello, con cargo a los fondos reservados. Es decir, "paga España", paga usted y paga su vecino el que martillea clavos a las doce de la noche, el hijoputa.

Puedo permitirme el lujo, en mi columna, de ser demagogo: con el dinero que se ha gastado en espiar y robar a los Bárcenas podrían pagarse muchas mascarillas, realizarse muchas PCR en los centros escolares, contratarse a muchos sanitarios que acudieran en tropel a los hospitales para dar cobertura en tiempos del covid. Con estos fondos reservados, sí. Y que no me diga nadie que los anteriores hicieron lo mismo y que si la abuela fuma. Me da lo mismo. Hoy es hoy y mañana no es ayer.

Argumentan en su informe las fuentes policiales que este espionaje lo ordenó el ministerio de Interior bajo el mandato de Rajoy —"Luis, sé fuerte", you know— para tener con qué negociar con Bárcenas ante los inminentes compromisos judiciales. Reconozcámoslo, la historia no parece nada creíble (ejem). Claro, claro. La respuesta de los de Pablo Casado ha sido, eso sí, ejemplar. Unos se justifican diciendo que varios de los investigados y sospechosos no pertenecen ya al partido popular y otros han amenazado con su expulsión de la militancia si la condena se concretara. "¡Cráneos privilegiados!", diría el bohemio. "Hipócritas", añado yo, por no decir otra cosa.