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Análisis

jose luis ortiz miranda

Abogado

Se abre la veda: Pérdida de prestigio del Supremo

Con esta decisión se ha puesto de manifiesto una separación de poderes real

Prestigio, del latín "prestigium", es el renombre, la reputación, el realce o el buen crédito de alguien o algo. La consideración, el respeto, el crédito, la honra y la fama, y el reconocimiento en la vida profesional nadie lo regala de gratis. Al contrario, hay que ganárselo con trabajo serio, sacrificio, buen hacer y buenas sentencias…

La sentencia del TS (Sala de lo Contencioso Administrativo) del jueves 16 de octubre que impone el pago del impuesto de AJD a la banca y elimina el artículo 68.2 del Reglamento de AJD en una muy buena sentencia, seria y trabajada y muy doctamente fundamentada,

Sin embargo, -y esta situación no tiene precedentes en nuestra Judicatura-, al día siguiente, y por sorpresa, el presidente de la Sala de lo Contencioso congeló esta sentencia a la espera de una decisión del pleno. Esa pantomima ha provocado que seamos el hazmerreír de Europa. A renglón seguido, los nacionalistas catalanes hacen unas declaraciones diciendo que por esa regla de tres, también el Supremo debe de revisar inmediatamente la situación procesal de los políticos presos y dejarles libres.

Qué duda cabe que la mano del todopoderoso lobby bancario es alargada y ha movido sus influencias políticas llegando hasta donde nadie llega. Prueba de ello es que, en principio, la banca dijo que asumía el pago del impuesto, pero tras la intervención de la sala la mayor parte del sector ha vuelto a hacer pagar a los clientes, hasta que lleguen novedades… Ya me malicio de qué novedades hablan.

El supremo se sume en el caos por el embrollo del impuesto de las hipotecas. Él mismo se ha metido en un carajal del que le va a costar salir, y cuando salga su prestigio y reputación saldrá muy tocado, pisoteado por los suelos. El Supremo era además de las pocas instituciones que en este país lo estaba haciendo francamente bien, salvo el caso de la retroactividad de las clausulas suelo, donde el TJSUE le dio un pescozón.

Con esta decisión de paralizar la sentencia del AJD se ha puesto de manifiesto la politización de la Justicia y la falta de una separación de poderes real. Todo parte del sistema de "intercambio de cromos", usado por los partidos más votados para designar las presidencias de los tribunales a cargo del CGPJ, designación del Fiscal General del Estado o el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Desde 1981 a 1985, etapa del primer CGPJ, fueron los jueces quienes designaron a sus propios representantes en su órgano de gobierno, que es como debe ser. Felipe González pronto observó el riesgo de un poder judicial no "controlable" o "supervisable" por el resto de poderes y lo modificó hace más de 30 años justificándolo, -no se lo pierdan- para impedir "una dictadura de jueces" por encima del poder político expresado en las urnas.

La queja ciudadana -que es ya clamorosa de indignación- es que, por ejemplo, en el TC, el sentido del voto de cada magistrado está predeterminado por la ideología del partido que le propuso, se ha instalado como un cáncer con metástasis en nuestra sociedad.

Y fíjense el bochornoso espectáculo que dio ayer el TS paralizando esta sentencia que beneficia a millones de consumidores españoles.

Una solución que propongo para evitar las sospechas de "pasteleos" continuos, sería la de conceder tanto a los magistrados del TC como a los del TS, un carácter vitalicio. Ocurre en algunos países como EEUU y se trata de un sistema diseñado para blindar a los magistrados de la influencia que puede ejercer el Gobierno de turno en la toma de decisiones.

Mientras no se solucione el problema de la politización de la Justicia en España que está ahí enquistado, y que todos los partidos lo tienen en su programa pero cuando alcanzan el poder ninguno lo aborda, asistiremos a esperpentos como el de estos días, que crean una inseguridad jurídica terrible y una pobre imagen de nuestra Justicia.

Los consumidores españoles no se merecen esto. Como decía mi padre: "¡Qué poco dura la alegría en la casa del pobre!".

Si a todo esto sumamos que el presidente de la Sala Tercera, es profesor del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Universidad privada propiedad de la Fundación Asociación Española de Banca, el escandalo está servido.

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