Todo lo relacionado con Camarón ha estado envuelto en polémicas. Nunca ha sido fácil tratar los asuntos del cantaor con sus representantes. En conversaciones con el alcalde De Bernardo contaba este que era imposible tratar el asunto por lo enrevesado que estaba todo y por el dineral que le saldría a la ciudad hacerse con los derechos del genial cantaor. Esto sucedía cuando a preguntas de mi compañero Juan Ibáñez o mía, entrevistándolo en la TV de OB, le referíamos que problemas había con el posible museo que nunca llegaba a la ciudad. De verdad que, según nos contaba, comprendíamos del porqué la ciudad, después de tantos años no contara con un museo que expusiera las pertenencias del cantaor y que, sin dudas, sería de gran importancia para su atracción turística y cultural.

¿A qué precio? Creo que esta debería ser la pregunta que los isleños nos deberíamos hacer. ¿Vale todo? ¿Existen otras formas? Lo cierto es que cuando parecía que todo estaba atado y bien atado, a la espera de la inauguración del Museo, se descuelgan los representantes legales diciendo que el Ayuntamiento no cuenta con la autorización de sus herederos para la utilización de la inauguración, ni de la marca del cantaor, ni con los derechos de propiedad intelectual. Además, la familia amenaza con demandar al Ayuntamiento si se inaugura el centro en estas condiciones. Centro o Museo que ha costado cuatro millones de euros. La noticia ha causado sorpresa y perplejidad. Se estaba esperando la inauguración, después de tantos años, y ahora resulta que no estaba nada atado. No sabemos qué, pero lo que si se puede entender es que algo no se ha hecho bien.

Desde que se firmó un convenio en 2014, por el entonces alcalde D. José Loaiza, ya había ciertas dudas por su idoneidad, porque no se sabía, ni se sabe, ni se ha hecho público, del porqué la ciudad le pagaba 2.500 euros a la familia por unas pocas pertenencias que no estaban expuestas, ni están todavía. Fueron unos acuerdos que le salían muy caro a la ciudad, con total oscuridad, de los que no se quiso hacer públicos qué objetos eran los que se habían conseguido y sobre los que el paso de los años añadía más incertidumbre. Estamos hablando que la ciudad lleva pagando seis años, a razón de 30.000 euros más IVA/ año, y con una duración de cincuenta años por unas pertenencias que han estado guardadas. Además el gobierno actual dice que ha abonado 200.000 euros en concepto de derechos. Todo este dineral que le está costado a los contribuyentes para ahora salir con que la ciudad no cuenta con los derechos de imagen del cantaor.

Vaya por delante que todo legado cultural esta sujeto a un precio. Claro que sí. Pero cómo se pueden hacer así las cosas. Entonces, ¿el sueldo casi vitalicio para qué sirve? ¿Qué condiciones tiene el acuerdo firmado en 2014? Creo que hay muchas cuestiones que deben hacerse públicas. Los ciudadanos tenemos derecho a saber para qué estamos pagando esa paga casi vitalicia. Tenemos que saber qué pertenencias incluía el acuerdo. Y tenemos derecho a saber quién lleva la razón en este enrevesado asunto.