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Análisis

rogelio rodríguez

El Supremo da alas al populismo

Los radicales, los antisistema, los secesionistas van de festejo en festejo

La erosión democrática escala cada día un peldaño. Atañe a todas las instituciones. Los demagogos de la máxima aristotélica han emprendido la revolución contra el sistema y los grandes poderes del Estado enmudecen o reculan frente a la intentona. En su seno también hay culpables. El Ejecutivo divaga en una nadería destructora, el Legislativo ha perdido hasta su calidad teatral y el Judicial, por obra del Tribunal Supremo, acaba de mostrar su insolvencia. Cualquier causa es propicia para desvelar el deterioro de organismos indispensables para la estabilidad constitucional. Steven Levitzky y Daniel Ziblatt explican muy bien los motivos que fertilizan el populismo en su reciente libro Cómo mueren las democracias.

Los filibusteros de esta mala hora política penetran por las gateras del régimen, tejen banderas con los yerros que encuentran y frotan sus ambiciones en la patética aventura de un jefe de Gobierno que, nada más ser investido, subvirtió el proceso que lo llevó al poder, calcinó su compromiso con las urnas e implantó eso que Fernando Savater llama "socialismo de botellón". Los radicales, los antisistema, los secesionistas van de festejo en festejo. El último, a instancias del Tribunal Supremo, cuya irresponsabilidad en la extravagante sentencia sobre el impuesto de las hipotecas supone, además de un acto suicida, una inyección de ánimo para los que alimentan sus aspiraciones en escenarios de inseguridad jurídica.

Sin pretenderlo, la Sala Tercera, que preside Luis Díaz Picazo, experto en constitucional y no en contencioso-administrativo, ha dado ínfulas a los separatistas catalanes ante el próximo juicio a los responsables del golpe del 1 de octubre del pasado año. ¿Qué garantías ofrece una Justicia dividida que en determinadas situaciones actúa al pairo de intereses políticos o influencias del poder financiero? Convendría que el compungido presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se ocupara en aclarar si las discrepancias entre los magistrados de la Sala -15 frente 13- eran jurídicas o ideológicas, o de cualquier otra inconfesable índole. El controvertido dictamen no se justifica con las imprecisiones de una normativa tributaria, aplicada desde hace décadas, que está plagada de regímenes especiales y exenciones que violan el principio de igualdad.

Y tampoco resuelve el conflicto el decreto ley parche aprobado por el Gobierno, a resultas del clamor popular y apoyado por todos los partidos, por el que los ciudadanos ya no abonarán el citado impuesto. En sí misma, la iniciativa es plausible, pero resultará obsoleta porque la banca encarecerá sus servicios y, por otro conducto, volverá a pagar el cliente. El verdadero quid está en las voraces comunidades autónomas, principales beneficiarias del millonario tributo, que a no tardar harán sonar sus cascabeles en el jardín de Sánchez. Pero es que, además, la medida rubrica el grado de cinismo del actual PSOE, ya que en Andalucía los tipos impositivos por hipotecas son los más altos y en Aragón, en consonancia con sus socios de Podemos, los han elevado un 50%.

Insensatez judicial, incompetencia y oportunismo político. Pura trapacería.

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