El Alambique

Juan Clavero

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Sanciones a la carta

Tenemos un equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de El Puerto que aplica las sanciones a su antojo.

Cientos de camiones vertieron miles de toneladas de escombros en uno de los mejores bosques del municipio; nadie del Ayuntamiento lo vio. Cuando lo denunció Ecologistas en Acción tardaron varios días en hacer una inspección, y no hicieron nada. Más aún, pretendieron amparar este vertido ilegal con el subterfugio de que era una planta de reciclaje de escombros. Ante la advertencia de que podrían estar cometiendo un delito de prevaricación, sancionaron a la empresa responsable con ¡674 €! Y los escombros siguen allí, y el Ayuntamiento premió a la empresa aprobando un proyecto de urbanización, también ilegal, que tuvo que anular.

Salvador González, un vecino de El Manantial, ante la falta de contenedores para la recogida selectiva de residuos, organizó en su calle una original isleta de reciclaje para favorecer esta práctica entre sus vecinos, y para llamar la atención por la mala gestión de los responsables municipales. Y allí se presentó un desproporcionado despliegue de la Policía Municipal, exigiéndole la retirada de los contenedores que él mismo había fabricado. Y lo denunciaron, y lo sancionaron con 601 €, una clara represalia política por haber puesto en evidencia el mal funcionamiento del servicio de recogida de basuras y el incumplimiento del contrato de la empresa concesionaria.

La sanción fue anulada por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz, que dejó claro que Salvador González mantuvo una actitud pacífica en sus actividades reivindicativas, y reconoce que las acciones denunciadas estaban amparadas por la libertad de expresión, libertad que han intentado vulnerar los responsables del Ayuntamiento.

En el Pleno del Ayuntamiento de la semana pasada González planteó la necesidad de que los responsables municipales analizaran las irregularidades de la contrata de recogida de basuras. Millán Alegre se dedicó a atacar a Salvador por sus acciones reivindicativas, las mismas que ha amparado el juzgado. Ni un atisbo de autocrítica, ni una disculpa. Piensan seguir pagando a una empresa sin inspeccionar si cumplen el contrato, lo que podría suponer una presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.

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