Ocurrió lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, hasta el señor alcalde proclama ahora que estaba prevista la anulación del PGOU. Nos quedamos sin un plan general de ordenación urbana digno ejemplo de la burbuja inmobiliaria; desmesurado, redactado a mayor gloria de los especuladores urbanísticos que compraron terrenos rústicos y se los recalificaron. Todo se ha ido al traste, y todo por la prepotencia de los sucesivos equipos de gobierno del Ayuntamiento que han pensado que planificar una ciudad es sólo cuestión de “voluntad política”, o sea, de hacer lo que les dé la gana.

Las normas europeas y estatales obligan a una rigurosa evaluación ambiental de los planes urbanísticos, y a justificar todas sus previsiones. La Junta de Andalucía se saltó estas normas a la torera; y muchos ayuntamientos decidieron que la reclasificación de un suelo dependía sólo de lo que pagaran sus propietarios; en blanco, o en negro. Y así ha ido el urbanismo en Andalucía en estas últimas décadas; crecimientos insostenibles; ruina de los ayuntamientos incapaces de mantener ciudades con una expansión ilimitada; y la anulación por los tribunales de decenas de planes urbanísticos por no cumplir con esos requisitos legales.

La participación ciudadana en España se suele reducir a un anuncio en el boletín oficial del que el 99,9% de la ciudadanía ni se entera. Los escasos que se leen los planes y alegan, se encuentran con que los responsables de los ayuntamientos y de la Junta ya tienen decidido lo que van a hacer; desestiman sus alegaciones, y palante, hasta el batacazo final.

Ante la anulación del PGOU se han visto reacciones lamentables, que demuestra que los políticos y políticas que dirigen el Ayuntamiento y la Junta siguen sin querer enterarse.

Alcalde y concejala de Urbanismo aseguran que van a hacer modificaciones en el PGOU de 1992 para ir incluyendo las actuaciones previstas en el anulado; y que el nuevo PGOU no dejará atrás a nadie. O sea, repetir la jugada fracasada. La delegada de Gobernación de la Junta asegura que es “una desgracia” que los tribunales anulen un plan ilegal.

Tienen que aprender a escuchar, a tomarse en serio la participación ciudadana, a respetar las normas legales y a promover la sostenibilidad del territorio. Nos irá mucho mejor.

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