Hasta 17 países de los 27 europeos van a solicitar fondos del programa SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency). Este instrumento de carácter finalista fue puesto en marcha por la Comisión Europea para ayudar a proteger el empleo y a los trabajadores afectados por la pandemia de coronavirus. Está dotado con 100.000 millones de euros. España ha sido el primero en realizar una solicitud formal por 20.000 millones, el máximo al que puede optar según las normas establecidas; Bulgaria lo ha seguido con 511 millones de euros. El resto de peticiones irá llegando. La Comisión las evaluará y fijará las condiciones -importe, vencimiento e interés- en las que recibirán el dinero en forma de préstamos. Aunque España consiga el importe requerido, no será suficiente para atender al descomunal gasto que la ayuda al empleo está suponiendo.

SURE es un instrumento de solidaridad -temporal- entre los Estados miembros, porque es Europa la que toma los fondos prestados en los mercados financieros y los presta a su vez individualmente a cada uno de ellos en condiciones favorables: se benefician de la calificación crediticia de la UE y, por tanto, de sus bajos costes de endeudamiento. Se estima que estos bonos irán en línea con otros europeos ya existentes, que se están negociando en torno al 0,13%. Además, está diseñado para que sea de desarrollo rápido, los desembolsos de los importes se harán en varios tramos; el primero llegará en otoño y el resto a lo largo de 2021.

Son fondos, por tanto, que nos vienen como agua de mayo, pero que resultan escasos para financiar los ERTE, tanto las prestaciones como las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario, la prestación extraordinaria que reciben los autónomos que hayan visto su actividad reducida o suspendida, la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja y el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.

La Autoridad Fiscal Independiente, Airef, ha cuantificado que sólo por los ERTE habrá que enfrentar un gasto de 25.871 euros hasta el 30 de septiembre, a lo que habría que sumar lo que se deja de ingresar por exonerar las cotizaciones sociales, que viene a ser un 30%, y el coste de los otros conceptos señalados. Además, la Airef estima 3.400 millones de euros más por cada quincena que se extienda la cobertura desde entonces: la ayuda al empleo puede superar los 60.000 millones si se prorroga hasta diciembre.

La otra vía a la que puede acudir España es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, que ya nos asistió con 40.000 millones en 2012, para solventar otros frentes de gasto y liberar así margen para el endeudamiento propio. El presidente Sánchez ha afirmado que no recurrirá a esta vía -por absurdos motivos estéticos- pero está por ver si no lo hace, y a tope, si la pandemia sigue recrudeciéndose. En todo caso, la deuda pública española -la propia o la mediada por Europa (SURE, MEDE y Fondo de Reconstrucción)- se elevará considerablemente. Esperemos que cada euro que se gaste se haga con la máxima prudencia y eficiencia porque la solidaridad actual supone insolidaridad con las generaciones que vienen.