Pedro Sánchez anunció que el viernes dará el primer paso para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ya había declarado semanas atrás que los presentaría al Congreso en enero, pero se ha desdicho en tantas ocasiones que se ponía en duda de nuevo. Unas veces decía que se podía gobernar prorrogando las cuentas y otras que se podían sacar adelante iniciativas más importantes a través de decretos leyes.

La situación estaba siendo muy incómoda porque Bruselas presiona para aprobar el techo de gasto, los gobiernos autonómicos están agarrados por el cuello, las promesas de la subida salarial a los funcionarios, de las pensiones mínimas y del sueldo mínimo interprofesional están en el alero, y la falta de PGE incide en la idea de que Sánchez preside un Gobierno maniatado por partidos independentistas que a cambio exigen de condiciones que chocan frontalmente con la Constitución y con la independencia del Poder Judicial.

Sánchez pretende mantenerse hasta el final de la legislatura, pero ese reto se desvanece si no consigue los apoyos para aprobar los PGE. El anuncio de que el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley tiene una vertiente que el presidente maneja cuando analiza sus perspectivas de futuro: con este panorama político, con PP y Cs en una situación dramática por el empuje de Vox, obligados a entenderse para formar Gobierno en Andalucía aunque sienten animadversión mutua, y con los secesionistas provocando una antipatía creciente, que esos independentistas bloqueen los PGE y provoquen el adelanto electoral coloca a Sánchez en una inmejorable situación: un político que planta cara a los inconstitucionalistas hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de su Gobierno. Sabe Sánchez que su gestión no entusiasma ni a los suyos, pero los errores estratégicos y tácticos de sus adversarios, más un adelanto electoral vendido como la consecuencia de no ceder ante los independentistas, lo harían aparecer como un estadista.