Dicen los políticos cuando llegan a su cargo que van a gobernar "para todos". Suelen incidir, de hecho, en ese "para todos", que significa "para los enemigos" o "para los que no me votarán jamás". Las buenas intenciones iniciales suelen evaporarse posteriormente, cuando comienzan los nombramientos de cargos de confianza y las adjudicaciones de contratos. Esos mismos políticos que iban a gobernar para todos, bloquean después a los usuarios de redes sociales desde esas mismas plataformas y, como diría Antonio Burgos, no paaaaaaaaaasa nada. El año pasado se conoció que diversos usuarios de Twitter habían presentado una demanda contra el presidente de los EEUU, Donald Trump, por haberlos bloqueado en esta red social al expresar opiniones distintas a la de éste. La justicia americana obligó a Trump a desbloquearlos al considerar que infringía el derecho a la libertad de expresión de sus ciudadanos.

Estoy de acuerdo con estos planteamientos, si bien creo que tiene mucha más relevancia jurídica el hecho de que un político es un cargo público y, por tanto, al utilizar una cuenta de red social para su cargo, avanzando novedades, opinando sobre cuestiones relativas a la política o, simplemente, haciendo campaña o proselitismo, debe tener prohibido por ley el bloqueo a otros usuarios. Pedro Sánchez, de hecho, liberó a muchos que tenía bloqueados en su Twitter al ser nombrado presidente aludiendo a la transparencia. Este hecho le honra, en mi opinión. Lo mismo hizo la cuenta de La Moncloa.

Cosa distinta es el troll o sujeto anónimo, que acosa, veja o insulta. Igual que respeto el derecho a opinar, rechazo totalmente el animus iniurandi de estos cobardes.

Un político tiene que ser transparente, valiente y tolerante, especialmente con las críticas y con aquellos que no comparten su credo, siempre que no se caiga en lo antes comentado. Desgraciadamente, es más que usual que algunos representantes de la voluntad popular bloqueen a ciudadanos disidentes, que dirían los Monty Python, desde cuentas oficiales.

Ese hipotético pleito podría ser realmente interesante. Me refiero al que planteara cualquier español contra un político que lo tenga bloqueado en una red social desde la cuenta del cargo que ostente. Es muy probable que ese juicio lo ganara el ciudadano bloqueado. Haciendo una extrapolación, es como si la web de la Junta de Andalucía vedara el acceso a su plataforma a los afiliados de un partido contrario al que gobierne. Nos parecería una locura, ¿verdad? Pues la misma locura me parece a mí que un alcalde bloquee a sus vecinos y éstos no puedan acceder a sus mensajes e informaciones. Demuestra poca altura de miras y torpeza, además, puesto que pierde un voto y porque la mayoría de la gente tiene varias cuentas en redes sociales, con lo que si quiere llegar a ese político será tan sencillo como acceder desde otro sitio.

Ahora que entramos en período pre-electoral sospecho que comenzará también la temporada de bloqueos. ¿Habrá pleitos? Cualquier día de estos.