Se puede discutir sobre si hay que desmontar o no la reforma laboral o si hay que subir los impuestos a los ricos y a las grandes empresas, pero todos estarán de acuerdo en que hay que bajarlos a las clases medias y a las pymes, y en que el poder adquisitivo de los pensionistas debe estar asegurado. Los pensionistas, como los autónomos y los pequeños empresarios, tienen el privilegio de capturar la solidaridad interesada del conjunto de la clase política debido, supongo, a que son más de ocho millones y a que suelen acudir a las urnas cuando se les convoca. A la propuesta de Sánchez de que las pensiones suban con el IPC, como por cierto se reflejaba en la propuesta inicial del Pacto de Toledo en 1995, hay que reconocerle el mérito de provocar que todos los demás se vean obligados a suscribirla, a pesar de la descarada carga propagandística, y una cierta deslealtad hacia los que participan en ese Pacto, donde en todo caso debería ser ratificada.

La iniciativa ha de ser encuadrada en el grave desequilibrio financiero a largo plazo que padece la economía española como consecuencia de la deriva suicida del endeudamiento público desde la crisis de 2008. 200.000 millones de euros de vencimientos anuales, en números redondos, que necesariamente hay que cubrir con nuevas emisiones de deuda, y más de 30.000 millones de euros intereses que dejan prácticamente agotado el margen para maniobrar en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El gasto público total presupuestado en 2018 ascendió a 450.000 millones de euros, de los que 145.000, el 12% del PIB, continuando con el redondeo de los números, correspondían al pago de las pensiones a los 8,7millones de pensionistas con derecho a percibirlas. La mayor parte de ellas son de carácter contributivo (el 71% del total en la nómina del pasado mes de agosto), es decir, de las que se financian con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social, que cerró el pasado año y lo hará también en 2019, según BBVA Research, con un déficit cercano a los 19.000 millones de euros (1,6% del PIB).

Una parte importante del problema, pero no la única, es estrictamente financiera, porque los ingresos han experimentado una ligera caída (en % del PIB) en los últimos años, mientras que el gasto experimentó una brusca y continuada subida entre 20108 y 2015, hasta entrar en déficit en 2011.

Que el gasto en pensiones se haya disparado con la crisis es indicativo de que también existe una dimensión económica que tiene que ver con el aumento del desempleo y la disminución de la ratio entre ocupados y pensionistas. También está la dimensión demográfica, por el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad, así como otras circunstancias intrínsecas al propio sistema de pensiones. Entre ellas, la relación entre la pensión media y el salario medio (la denominada tasa de sustitución, relativamente elevada en el caso de España), la edad de jubilación, la adquisición de derechos por años cotizados, etc. En definitiva, el problema es tan complejo que pretender resolverlo tocando sólo el índice de revalorización suena a frivolidad excesiva, incluso en campaña electoral.