Vaya susto que nos hemos llevado con la ya famosa sentencia de anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una noticia que saltaba el pasado viernes y que caía en El Puerto como un jarro de agua fría.

Ahora, una semana después, las cosas se ven ya desde otra perspectiva menos apocalíptica, aunque es indudable la gravedad del asunto.

Uno de los problemas que nos han llevado a esta situación, tal y como recoge la propia sentencia, es el larguísimo periodo de tramitación que tuvo el actual Plan General -de momento aún en vigor hasta que el Ayuntamiento decida finalmente si presenta recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Desde que comenzara la revisión del PGOU anterior de 1992, en 1999, no fue hasta 2003 cuando se aprobó el Plan en su fase inicial, aunque después el documento no se aprobó hasta el año 2012. Y eso sin contar con las sucesivas aprobaciones definitivas, que se prolongaron hasta 2015.

Parte del enorme retraso que sufrió esta tramitación fue culpa de los políticos de la época, con Independientes Portuenses al frente del Ayuntamiento, que quisieron exprimir la gallina de los huevos de oro con la negociación de los famosos convenios urbanísticos, un total de 22 que finalmente se quedaron, en su inmensa mayoría, en agua de borrajas.

En uno de estos convenios urbanísticos frustrados habría que buscar el origen de la sentencia que ha hecho temblar los cimientos de Urbanismo, ya que a nadie se le escapa que la preocupación por el medio ambiente local no habrá sido la motivación que ha impulsado esta demanda por parte de unos particulares.

Ahora, visto el panorama, la opción que baraja el Ayuntamiento parece la menos mala para dotar a los ciudadanos y promotores de cierta seguridad jurídica, sin que todo salte por los aires. Si se materializa el recurso ante el Supremo -aunque puede haber muchas posibilidades de perderlo- al menos se ganaría el tiempo necesario -pueden pasar hasta cuatro años hasta la resolución definitiva- para avanzar en la redacción del nuevo PGOU que necesita la ciudad.

Confiemos en que esta vez los intereses inconfesables no vuelvan a eternizar su tramitación.

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