Este artículo contesta al de esta asociación empresarial publicado en Diario de Cádiz el 14 de junio sobre las bondades de la descarga, tránsito y almacenaje de graneles sólidos, en la forma practicada en el muelle de la Cabezuela y las socioeconómicas que tendrán para Puerto Real su ampliación en 433.213,9 metros cuadrados a sustraer de su suelo urbano, todo por decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria (APBC) anunciada en el BOE del 8 de enero de 2020, que ya cuenta con respuesta oportuna.

Lo escribo para invitarles a reflexionar y para que entiendan la reacción producida, poniendo por delante que respetamos profundamente la actividad empresarial de sus asociados y su importancia en la economía comarcal.

Hay que centrarla en el estacionamiento de mercancías pero conviniendo que las alternativas para este suelo previstas en el PGOU son todas de mayor valor añadido en términos patrimoniales, empleo y PIB. Prueba de ello es que la APBC, a la hora de “pujar” ante la Administración Concursal de Delphi, ofertó menos de la mitad del valor de tasación del suelo en las condiciones anteriores a su intervención.

Este respeto, muy lejos de la criminalización que señalan, se mantendrá mientras sea correspondido, no insultando nuestra inteligencia en los medios de comunicación y en nuestro trato si hay ocasión.

En primer lugar, he de decirles que si los graneles fuesen “inocuos para la salud”, la APBC no se hubieran gastado el pastizal de los contribuyentes que ustedes relatan en controlar unas emisiones benignas, ni llenado las hemerotecas con continuas declaraciones de mejoras en su control, de las que este sábado 18 hubo en Diario de Cádiz pg. 20. Esta trayectoria de promesas a lo largo del tiempo ha creído cumplirlas haciendo lo imposible para no abordar las descargas y tránsito bajo techo, que es la única forma que ya sabemos todos que garantiza las no emisiones dolosas. Sobre esto hay normativa europea y alguna sentencia de un TSJ que seguro conocen.

APEMAR tiene que entender que este discurso mantenido durante décadas genera desconfianza en una población a cuyo servicio y bienestar se deben las administraciones públicas. Los sufridores de Puerto Real y, en especial, los de la Barriada del Río San Pedro, a la que ustedes pretenden rodear de graneles sólidos, no son una excepción. Por donde van no sería de extrañar que el siguiente paso fuese el Campus Universitario, completando así el cerco a la barriada, total según ustedes las emisiones son “inocuas” y generan riqueza.

Me permito poner unos números (APBC 2019) que reflejan a la perfección las políticas, nunca mejor usada esta palabra, de este organismo en relación con los tres municipios que acogen sus instalaciones: Puerto Real, Cádiz y El Puerto de Santa María, por este orden dado que el primero, con 2.026,059 m2, encabeza el reparto de superficie con un 43,16% del total, liderando el negocio portuario de la Bahía con el 53,1% del tráfico de mercancías. Le sigue Cádiz con 1.424.867 m2 y 30,32% y por último El Puerto con 1.246.315 m2 y 26,52%. Este reparto y rendimiento portuario denota, cuando menos, una respuesta nada equitativa y equilibrada territorialmente en los asientos del Consejo de Administración de la APBC a la vista de las decisiones tomadas en los proyectos de integración Puerto Ciudad comentados a continuación.

A la vista de lo publicitado y a pesar de que tiene poco que ver con el uso portuario que le es encomendado, se trata del objetivo rey de la APBC y destina al negocio urbano-inmobiliario general y turístico, en convenio con los Ayuntamientos respectivos, 497.313 m2 de los que el 52.08% se lo lleva El Puerto de Santa María, 45,47% Cádiz, y a Puerto Real ¡oh sorpresa!, le toca solo el 2,55% a pesar de su importancia portuaria, para la ampliación de un servicio público vital como es la depuradora y para un grandioso proyecto de alto rendimiento socioeconómico: “un local de copas, con parque infantil (curiosa combinación) y parking incluidos”, contraviniendo lo dispuesto en la página 24 del Apartado 1.2.3 de su PGOU, y dejando sin espacio a las regatas internacionales de Optimist que organiza el CNR El Trocadero, usuario marítimo-portuario del sitio durante más de 40 años.

Este reparto de la joya de la corona, con el objetivo de embellecer y engrandecer a las dichas ciudades portuarias (leer hemeroteca) y que es como un planeamiento urbanístico caído del cielo, no puede dejar más claras las preferencias de la APBC y sus deseos con el “expropiese”: “la superficie que integro a mis dos ciudades bonitas la cojo del urbano de Puerto Real a donde mando las mercancías contaminantes con la excusa de que me he quedado sin suelo”. Señores de APEMAR ¿realmente creen ustedes que si el polvo de graneles sólidos fuese “inocuo” y conllevara las bondades que predican, la APBC no hubiera planteado su ampliación en los suelos portuarios vacantes, p.e., de la margen izquierda del Guadalete o del mismo muelle de contenedores hoy sin uso?

Por último, mientras ha nacido la base logística de Tánger, nuestros planificadores del sector han cosechado lo siguiente: Aletas (15 años de gestión para morir en el TS), muelle de contenedores (12 sin ver un contenedor) y Lógica (4 para cambiar de nombre un Consorcio sin que se sepa resultado). Comprendan que este currículum acreciente la desconfianza ya citada. El primero y el tercero unido al “expropiese” en curso han conseguido como único logro local que una economía industrial, marítima y aeronáutica quede con sólo 10 hectáreas disponibles calificadas para este uso y con el modelo productivo diseñado en su planeamiento en claro riesgo de extinción ¿Nos ponemos a aplaudir?

Consecuencia #MASGRANELESNO y, por favor, que no se siga planificándonos así, sirve de poco.