Desconozco si hay una Esther Argerich. Me refiero a si existe realmente o si es como la niña de Rajoy, el taxista marroquí o el resto de bulos de ficción de los últimos tiempos. Si hubiera una señora Argerich me la imagino casi arribando a la estación de los cincuenta, elegante y bienparecida, siempre asistida de collar y pendientes de perlas, pelo recogido sin roete y un cabreo tan monumental como la Sagrada Familia, casi tan grande como el de Francis Franco escoltando las cenizas de su abuelo dictador en helicóptero, acompañado de la no cesada ni dimitida ministra de Justicia, en su calidad de notaria mayor del Reino que, a día de hoy, sigue siendo España.

Dice Irene Montero que Esther Argerich se dispone a desahuciar a un matrimonio con tres hijos al que ha subido el alquiler de mil a mil trescientos euros al mes. Rápidamente las hordas de conmilitones, fecundo rebaño que pasta ideología, se ha arrojado al mar del internet en busca de Esther. No por nada, simplemente para apoyar a los desahuciados en potencia; no vayan a pensar ustedes en linchamientos, investigaciones sesgadas, averiguaciones patrimoniales y escarnios públicos en la virtual plaza del pueblo que, a día de hoy, sigue siendo España.

Horrorizados, otros, se han planteado cómo Irene Montero puede ser tan irresponsable. La ignorancia es osada, dice el refranero, pero a la portavoz de Unidas Podemos no se la puede tildar de ignorante: encontramos en ella un currículo al alcance de no muchos psicólogos de su edad en este paraíso de la igualdad de oportunidades que, a día de hoy, sigue siendo España.

Se ha aludido a la infracción de la normativa de protección de datos y a la posible comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos al dársele incendiaria publicidad a los datos y circunstancias personales de una mujer que, si es cierto que existe, no estaba expuesta a la opinión pública (o que, al menos, no lo estaba hasta la desgraciada ocurrencia de Irene). No quiero ni imaginar que Esther Argerich exista físicamente: las consecuencias de esta coacción virtual serían demoledoras para ella y su familia.

Tras un contrato de larga duración, Esther Argerich, la legítima propietaria (suponemos) de una vivienda debió decidir que ya era hora de subir el alquiler del inmueble -que tiene poco de social, la verdad- adecuándolo (quizás) a los precios de mercado. Y entonces se encuentra con que figuras públicas como Irene Montero o Ione Belarra, en plena crisis de liderazgo e intención de voto de Podemos tras la escisión provocada por Errejón, deciden hacer campaña a su costa pidiéndole que sea sea solidaria con una humilde familia -Livia, Juan y sus tres hijos- que paga mil eurazos al mes por un arrendamiento a todas luces abusivo; una cifra de alquiler que, a día de hoy, sigue siendo de lo más normal en España.