El Congreso de los Diputados acaba de aprobar una modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para "amnistiar" a una serie de especies invasoras. Cuando la expansión de especies alóctonas se ha convertido en la segunda causa de pérdida de biodiversidad, tras la destrucción de hábitats, a la mayoría de los señores y señoras diputados no se le ocurre otra cosa que modificar la ley que prescribía el control de estas especies invasoras, ¡para favorecerlas!

Sorprendente también la coalición "contra naturaleza" de los partidos que han aprobado esta modificación legal. La propuesta del PP ha sido apoyada por Ciudadanos, PNV y PDeCAT. O sea, que la alianza con los nacionalistas e independentistas sí vale según qué ley se vote, y siempre que se apoyen las propuestas de PP y Ciudadanos. Todos los grupos de derechas se han puesto de acuerdo en favor de los intereses económicas y en contra de los criterios de conservación. Y es la segunda vez que lo intenta el PP, la primera fue anulada por el Tribunal Supremo, ese que dicen hay que acatar. Porque esta modificación incumple dicha sentencia y los acuerdos internacionales que España asumió en la Convención sobre la Diversidad Biológica y en la Estrategia Europea de Biodiversidad.

Este irresponsable cambio en la ley puede traer consecuencias muy graves para nuestra biodiversidad, en lo que somos líderes indiscutibles en la UE. Toda la comunidad científica y los grupos ecologistas han mostrado su total oposición, pero para estos partidos priman los intereses económicos de cazadores y pescadores. Porque las especies que se han eliminado del listado de especies invasoras, y que ahora se pondrán liberar de nuevo al medio natural y explotar económicamente, son las que tienen interés para la caza y la pesca: la carpa, el black bass, el siluro, el lucio, la trucha arcoiris, el cangrejo rojo o el arruí.

Esta coalición echa por tierra una legislación que protegía la biodiversidad y el medio ambiente por los meros beneficios económicos que además serán mínimos y residuales en aras de la promesa de voto de algunos grupos de cazadores y pescadores.

Este cambio legal supone un gravísimo retroceso en la protección de nuestra biodiversidad. Esperemos que sea de nuevo recurrido y anulado.