La decisión del presidente Sánchez ha sido discutida y discutible, como buen legatario que es de Rodríguez Zapatero: la policía nacional y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Cataluña en previsión de los disturbios que iban a acaecer tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo por el caso del Procés, tienen que ejecutar inminentemente un nuevo plan de funcionamiento e intervención ante las bella intestina, rapina, caedes, discordiae civiles. Desde hoy jueves, en contestación a las peticiones de Gabriel Rufián y demás demócratas independentistas, los agentes antidisturbios no podrán ya actuar haciendo uso proporcionado de la fuerza.

Fuentes del ministerio de Interior han manifestado su satisfacción por esta "valiente decisión de nuestro ejecutivo" que será "ampliamente valorada por el electorado". A partir de ahora la policía habrá de seguir un protocolo preceptivo basado en el diálogo y el respeto al derecho a la libertad de expresión de los manifestantes. Dicho protocolo ha sido redactado por un comité paritario de expertos y expertas formado por psicoterapeutas, asistentes sociales, pedagogos y especialistas en mediación y políticas de fomento de la igualdad.

El portavoz del gobierno ha explicado que a partir de la entrada en vigor de estas pautas obligatorias los antidisturbios deberán informar a los manifestantes -con carácter previo al uso de porras, escudos y pistolas de bolas- de que, si continúan quemando contenedores, destruyendo vehículos, arrojando cócteles Molotov, hurtando vallas metálicas y fracturando vitrinas y escaparates; si siguieran con estos comportamientos violentos y/o agresivos de un modo continuado en el tiempo, obcecada y permanentemente, se procederá a la lectura de un decálogo de buenas intenciones y, tras levantar acta de su efectiva comprensión (si es preciso se suspendería la intervención para la llamada y asistencia de intérpretes y/o traductores jurados) y únicamente en el supuesto de que se produzca la expresa autorización de los mandos policiales directos dependientes del Conseller designado por la Generalitat, sólo en ese único y exclusivo supuesto, se podría proceder a un ejercicio limitado de la fuerza consistente en el uso controlado de altavoces Dolby Surround que emitirán el último éxito de Isa P. por períodos máximos de cinco minutos, claro está, no sea que tuviera que intervenir el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por presuntas torturas.

Esta es la distópica realidad de una nueva nación, esa Espanya Canallita que tanto odia como ama al prójimo. La patria de los demócratas de chichinabo, pagafantas con traje y corbata, medrosos inútiles con sueldo a cargo del erario público, vividoras del mal ajeno, prófugos de ópera y opereta y demagogos demogorgones. La Espanya Canallita no es la antología de relatos pergeñada por Nieto Jurado sino la que vemos a diario, la del bienquedismo y el postureo, la que abrasa contenedores y alitera la política (el toro por la parte), la Espanya invertebrada del muera la inteligencia y el qué hay de lo mío pagadero en Pujoles, Griñanes o Bigotones. Esos quemadores de vehículos, manifestantes agrestes, canallas tots, son, simplemente, como los demás: unos hijos de la grandísima Espanya.